ENSEÑANZA
Andalucía quiere limitar los efectos más lesivos de la «Ley Celaá» en la concertada
Bendodo asegura que cumplirá la reforma pero tratará de mitigar sus efectos más lesivos
Ni al PP ni a Ciudadanos, socios en el el Gobierno andaluz, les gusta la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), denominada popularmente como «Ley Celaá», que restringe la capacidad de actuación de la concertada y elimina la mención al castellano como lengua vehicular. La Junta va a intentar amortiguar los efectos más lesivos de la reforma educativa que más fractura política y social ha generado en la historia de la democracia.
«Somos un Gobierno serio y vamos a cumplir normas estatales, pero que tenga en Andalucía el menor impacto posible porque es una ley injusta », aseguró ayer el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. El portavoz del Gobierno autonómico acudió ayer a una de las mesas montadas por el PP de Málaga para recoger firmas contra la ley del PSOE y Podemos en el colegio San Manuel, un centro concertado de la capital malagueña con 160 años de historia.
El Gobierno andaluz no se va a declarar en rebeldía contra la norma: «Vamos a cumplir estrictamente lo que diga la ley y, a partir de ahí, garantizar la libertad de elección de centro y aplicar la norma solo en lo estrictamente, porque no es buena ni para Andalucía ni para España», indicó.
La norma, que se radicalizó durante su fase de enmiendas, promueve la retirada de los conciertos a la escuela que separa por sexos o la prohibición de ceder suelo público a la escuela concertada.
Tanto PP como Ciudadanos han dado instrucciones para que sus comunidades desactiven la norma
Desde el PP nacional han dado instrucciones a las instituciones donde gobiernan para desactivar la «ley Celaá». Un día después de que decenas de miles de familias de todo el país se manifestaran en sus vehículos y a golpe de claxon contra la reforma educativa , el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol , advirtió en Baena que su partido tiene el compromiso de legislar para «descafeinar» la norma «desde cada comunidad autónoma desde la que gobierna, como Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia y Galicia. Es más, el PP llevará la norma al Tribunal Constitucional (TC).
Ciudadanos, el partido que ostenta la competencias educativas en Andalucía, en manos de Javier Imbroda , también quiere dar la batalla contra la reforma. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas , señaló ayer que la formación naranja usará «todo el margen legal» en las comunidades donde gobierna para «proteger a las familias».
El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), fue algo más cauto respecto a la capacidad de la comunidad de hacer frente a norma. « Podemos hacer poco, no podemos modificar la ley , podemos poner en valor lo que realmente entendemos que desde nuestra comunidad hay que hacer para apostar por una educación en igualdad para todos los andaluces, por eso ese pacto social, se está trabajando para mejorar el sistema educativo público, concertado y privado», aseguró a los periodistas en San Fernando. Marín consideró un «error terrible» poner el sistema educativo «en manos de Otegui y Rufián y hacer una reforma por imposición».
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