Andalucía pide que su policía tenga competencia en pisos turísticos y maltratos
La Junta reclama al Estado facultades sobre violencia de género y explotación laboral
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no quiere ampliar las competencias que tiene el Gobierno andaluz. Así lo afirma rotundamente cuando se le pregunta asegurando que Andalucía tiene un amplio catálogo al mismo nivel que las comunidades históricas . Se trata de una decisión política que mantiene el mismo criterio que todos sus antecesores en la Presidencia de la Junta de Andalucía. La comunidad autónoma tiene un amplio catálogo de competencias que recoge el Estatuto y no hay ninguna demanda en Andalucía para ampliarlas. De hecho, la última que se reclamó al Estado fue la gestión de la Justicia en el año 1990, que sólo tienen once comunidades en toda España.
Sin embargo, hay algunos servicios que ya gestiona la comunidad autónoma y que quiere seguir desarrollando como sucede con la unidad de policía adscrita a la Junta de Andalucía. Según consta en el Estatuto (artículo 65), corresponde a la comunidad autónoma establecer políticas de seguridad pública y para ello tiene la potestad de crear un cuerpo de la Policía Andaluza, lo que no está en la agenda del Gobierno andaluz que sí pidió hace 25 años la adscripción de una unidad de la Policía Nacional para ejercer las competencias autonómicas.
Explotación laboral
Pero el Gobierno andaluz sí quiere reforzar y consolidar las funciones de estos agentes y para ello va a pedir al Estado que estos agentes puedan ejercer competencias en asuntos como la violencia de género, la explotación laboral, con especial vigilancia a lo que atañe a los menores inmigrantes que llegan solos a Andalucía, el control y la inspección de las viviendas turísticas y la protección a las personas mayores.
Se trata de asuntos prioritarios para la gestión cotidiana de la comunidad autónoma y para ello el consejero de la Presidencia e Interior, Elías Bendodo, ha pedido una reunión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un encuentro que por el momento no tiene fecha fijada.
La demanda de estas competencias no significaría retirarlas a la Policía Nacional o a la Guardia Civil que las ejercen en numerosos pueblos y localidades de la comunidad autónoma sino compartirlas de forma que haya más agentes disponibles para atender estos asuntos que generan preocupación social. Sobre todo en lo que se refiere a la intervención contra la violencia machista donde se están reclamando más efectivos.
Plan estratégico
La Consejería de Presidencia e Interior está elaborando un Plan Estratégico con el horizonte 2030 que tiene diferentes ámbitos de actuación y el objetivo de modernizar a un cuerpo que ahora se dedica sobre todo al traslado de menores en tutela y de menores infractores y a su custodia, a la vigilancia y seguridad de los edificios públicos y también a verificar que se cumple la legislación andaluza sobre el juego.
Uno de los pilares de este plan estratégico es el Plan Preventivo de Protección al Menor en los colegios con la finalidad de prevenir y detectar situaciones o conductas de riesgo en menores, garantizar la protección de los escolares. Los agentes de la unidad adscrita se dedicarán a trabajar contra el absentismo escolar , así como a la prevención de comportamientos incipientes en materia de violencia de género y acoso escolar.
También se dedicarán a la información y prevención de consumo de alcohol y drogas, así como a la implantación de medidas preventivas para evitar el juego y las apuestas, un ámbito en el que los alcaldes, sobre todo de localidades pequeñas , han pedido auxilio a la administración autonómica y al Estado por los problemas de convivencia que están generando las casas de apuestas que están proliferando.
En este plan destinado a los escolares también se prevé que los agentes de la unidad de policía de la Junta trabajen en conductas de prevención de riesgo en el entorno natural y la concienciación de buenas prácticas medioambientales.
Durante el pasado año 2019, los agentes de la policía de la Junta esclarecieron más del triple de incendios forestales que el año anterior, con 44 fuegos esclarecidos frente a los 18 del año 2018. También subió el número de inspecciones a establecimientos con 4.368 frente a 3.431 del año anterior , así como el número de máquinas tragaperras denunciadas, decomisadas, precintadas y destruidas. En 2019 retiraron a 314 de sus famlias frente a los 200 del año anterior.
