Igualdad
Andalucía pide una caja única estatal como la de las pensiones para la dependencia
La consejera de Igualdad defiende un nuevo Pacto de Estado que no sólo incluya fondos
La propuesta de Andalucía es clara: el sistema de la Dependencia debe funcionar de manera similar al de las pensiones , con una caja única para toda España. Así lo recoge el texto de un nuevo Pacto de Estado que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, defiende y pretende llevar ante el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de Dependencia de 2006 que hace aguas casi desde el inicio de su aprobación . Un texto que está pendiente de presentar al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias para tratar de consensuarlo.
La propuesta que plantea Rocío Ruiz cuenta con el apoyo del Consejo de Gobierno y también del Parlamento andaluz que aprobó por unanimidad el pasado mes de febrero la iniciativa que ahora Andalucía está presentando por toda España con el fin de que entidades, asociaciones, sociedad civil e instituciones se adhieran a estas propuestas y propiciar así un cambio legislativo. Hay muchas cosas que resolver en la aplicación de la Ley de Dependencia pero una de las claves es que no salen las cuentas. Para empezar porque contempla que la dependencia se debe pagar a partes iguales entre el Estado y la Junta de Andalucía y la realidad es que el Gobierno andaluz aporta desde hace años el 80% del coste de estos derechos que, además, tienen una enorme lista de espera.
Las previsiones que se hicieron desde el Gobierno central cuando se aprobó la norma se superaron en el año 2010 en un 220%, un grave error de cálculo que está lastrando a muchos andaluces que no pueden percibir ni el dinero que le correspondería ni las prestaciones sociales.
El presupuesto de la Junta para este año 2020 incluye 1.509,2 millones de euros para el programa de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al año anterior. El Gobierno central, por su parte, aportó 259 millones de euros. El Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, estableció en marzo que Andalucía tiene un «quebranto» acumulado de 812 millones de euros desde el año 2012 por la falta de financiación del Estado a esta ley.
En este contexto, la principal novedad del nuevo Pacto de Estado que abandera la Junta de Andalucía es la creación de una caja única estatal que funcionaría como la de las pensiones y garantizaría un sistema integrado, en igualdad y universal para todos los españoles. Un Fondo de Garantía para la Dependencia que financiara los derechos que recoje la ley.
Este fondo deberá tener en cuenta no sólo a los dependientes sino prever a los posibles dependientes de los próximos años para dar garantía de futuro al sistema. A pesar de que Andalucía es una comunidad muy joven en comparación con el resto de España, el volumen de población hace que sea la que más dependientes tiene . El constante crecimiento de la población mayor de 65 años y especialmente la de 80 años es un fenómeno sin precedentes que obliga a rediseñar los planteamientos de la ley a juicio de la Consejería de Igualdad.
El documento que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz , presentó ayer ante el sector de la dependencia a nivel nacional pretende no sólo actualizar los datos económicos sino también poner medidas en marcha para facilitar una existencia autónoma de los mayores en su medio habitual todo el tiempo que deseen y sea posible. La clave es la prevención y trabajar porque la salud de los mayores sea la mejor posible durante el máximo período de tiempo. La mejor forma de optimizar es sistema de dependencia es que los mayores no lo necesiten.
Pero los mayores no son los únicos que tienen derecho a estas ayudas. La Junta plantea que se incluyan recursos públicos para las personas con patologías potencialmente cronificables de manera que se retrase lo más posible su dependencia, evitándola en los casos en los que sea necesario o, al menos, previniendo un agravamiento.
Otro capítulo son las personas con discapacidad . Según la normativa vigente, los discapacitados tienen derecho a una serie de recursos específicos (residencias, centros de día, terapias concretas, ayudas económicas...) hasta que cumplen 65 años. A partir de ese momento tienen que abandonar estos recursos del sistema público, fundamentalmente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y pasar al sistema de la dependencia como cualquier otro mayor que tenga derecho a una ayuda o prestación porque no pueda valerse por sí mismo. Una de las claves de las medidas que la consejera de Igualdad plantea como base de un Pacto de Estado es el fomento de medios para la autonomía personal.
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