La partida estatal para servicios sociales lleva diez años congelada

La Junta de Andalucía quiere que el Ministerio de Derechos Sociales, que depende de Pablo Iglesias, eleve la cuantía que le transfiere para financiar las prestaciones más básicas de servicios sociales porque la actual es claramente insuficiente. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos), apunta una cifra ilustrativa de estas carencias: el Gobierno aporta actualmente 7,8 millones , la misma cuantía desde 2017, mientras que en 2010 la financiación estatal alcanzaba los 18,9 millones, más del doble. Es decir, desde hace diez años está congelada y recortada la partida del Estado para mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionados por los ayuntamientos. Con estos fondos se sufragan prestaciones tan esenciales como la ayuda a domicilio, los fondos de emergencia social para familias sin recursos o el funcionamiento de albergues y otros alojamientos para los «sin techo». Dichos equipamientos vienen estipulados en el Plan Concertado que se puso en marcha en el año 1988 y se materializaba a través de un contrato programa firmado a tres bandas por el que el Estado, la Junta y las corporaciones locales.

En virtud del mencionado acuerdo, el Estado se comprometía a aportar un 33 por ciento. Sin embargo, señalan desde esta Consejería, «desde hace muchos años» la asignación del Estado está en el 3 por ciento y es «necesario» incrementarla «dada la debilidad de los servicios sociales comunitarios», es decir, el nivel de atención primaria del sistema público de servicios sociales.

El Plan Concertado prevé tres tipos de equipamientos para estas prestaciones. En primer lugar, están los centros de Servicios Sociales, que requieren equipos técnicos (incluidos las unidades de trabajo social) y los medios necesarios para realizar las prestaciones básicas. En segundo lugar, los albergues, servicios destinados a procurar, con carácter temporal, alojamiento a transeúntes sin medios económicos y otras personas en situación de marginación , atendiendo, asimismo, a su inserción personal y social. El tercer tipo de equipamiento son los centros de Acogida, establecimientos residenciales no permanentes para personas que sufren conflictos de convivencia en su entorno o carecen de una red familiar adecuada.

Dentro de la relación de más de 70 asuntos que tiene pendiente de resolver con el Gobierno central con Andalucía, la Junta incluye el aumento de la financiación de los recursos para la atención a niños y adolescentes migrantes no acompañados, los llamados mena . Los centros de acogida que gestiona la Administración están saturados y es necesario aumentar las plazas dado que Andalucía es una de las principales puertas de entrada de la inmigración a Europa desde el norte de África.