Andalucía
La Junta ha tenido en nómina a otro investigador que no iba a trabajar a la fundación de Bernat Soria
Progreso y Salud echó a otro «trabajador fantasma» que prestaba servicios en la privada con la autorización de su jefe
El exministro de Salud y Consumo Bernat Soria Escoms , que compaginaba sus negocios privados con su actividad como investigador estrella de la Junta de Andalucía, no es un episodio aislado de falta de control sobre empleados de la Fundación Progreso y Salud.
El ente público que fichó al científico valenciano a los 27 días de cesar como ministro de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo en nómina a otro investigador «fantasma» que no acudió «durante largo tiempo» a su puesto de trabajo mientras prestaba sus servicios en otra compañía privada. La fundación autonómica que impulsa y coordina las investigaciones biomédicas en Andalucía rescindió por este motivo el contrato al investigador Abhay Krishan el pasado mes de octubre, cuando gobernaba Susana Díaz, y abrió expediente a su jefe, el profesor británico Shomi Bhattacharya , «por presunto conocimiento de dicha inasistencia».
Bhattacharya, que es catedrático de Oftalmología Experimental de la Universidad de Londres, dirige el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) y en 2010 cobraba 151.508 euros, según la Cámara de Cuentas. Llegó a este centro de referencia de investigación biomédica de la mano de la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero , que hoy es ministra de Hacienda y cabeza de cartel del PSOE por Sevilla en las elecciones generales que se celebran mañana.
Tras el nombramiento de Soria como ministro de Sanidad y Consumo en 2007, el profesor británico lo sustituyó al mando del Cabimer, un órgano surgido de una alianza entre la Junta, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. Cuando Soria dejó su cargo en el Gobierno, en abril de 2009, la Fundación Progreso y Salud lo contrató de nuevo , pero como su puesto original de director del Cabimer estaba ya ocupado, lo puso al frente de un departamento con la misma retribución que cobraba antes de irse al Ministerio.
Estos expedientes abiertos por el anterior Ejecutivo a los dos «investigadores distinguidos» no habían trascendido hasta ahora. Salen a la luz a raíz de que ABC publica un informe jurídico que la Fundación Progreso y Salud encargó a la asesoría externa PwC Tax & Legal Services S.L. Un experto jurídico analiza la situación laboral de dos investigadores que tenían remuneraciones superiores al resto: Bernat Soria y Shomi Bhattacharya.
El informe jurídico sostiene que la finalización del contrato del segundo, director del Cabimer, « puede presentar dudas de legalidad », aunque se inclina por «considerar que la misma es aplicable y ajustada a Derecho».
A diferencia de Bernat Soria, que se enfrenta a un posible despido disciplinario por simultanear su dedicación pública con una actividad privada que no comunicó a la fundación, el catedrático británico puede ser sancionado por culpa de un tercero que no acudía a su puesto de trabajo.
Según el citado informe, «puede existir una falta de vigilancia y dejación de funciones respecto a un colaborador y miembro de su equipo de trabajo, desde el punto y hora en que Shomi Bhattacharya —como superior jerárquico— debe velar por el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores que forman parte de su equipo».
El abogado que firma el informe detalla que Bhattacharya pudo conocer que un subordinado suyo, Abhay Krishan , no asistía a su trabajo en la fundación «durante un periodo muy amplio de tiempo» a la vez que colaboraba con una empresa privada. En su descargo, expuso por escrito que autorizó a su subordinado a prestar sus servicios «vía teletrabajo». Como investigador, las retribuciones de Krishan se movían en una horquilla de entre 19.000 y 39.000 euros anuales, según informa la Fundación Progreso y Salud.
En octubre, nueve días después de echar a su colaborador, la entidad pública abrió un expediente informativo al profesor Bhattacharya , que contaba con un contrato de alta dirección y de duración indefinida desde el 25 de julio de 2008 como director del Cabimer, que en 2011 fue modificado para convertirse en un «investigador distinguido». Su acuerdo laboral no incluye una cláusula de exclusividad y le permite «compaginar su actividad como profesor de diversos centros en París y Londres», y también establece «deberes de buena fe, adecuada conducta y confidencialidad».
Incompatibilidad
El caso del exministro es distinto. La auditoría interna señala que incumplió la claúsula de exclusividad de su contrato —por el que cobraba un plus de 5.000 euros anuales— al desarrollar actividades en otras compañías privadas vinculadas a él o a su hija, administradora única de Alirober Consulting S.L . Esta sociedad tiene acciones en dos empresas más (Newbiotechnic y Biotech Business Inver) con el mismo campo de acción que la fundación que pagaba un sueldo de 150.000 euros.
El asesor de Pwc sostiene que el trabajo de Soria como investigador de la Junta «a tiempo completo» es «difícilmente conciliable» con su «profusa actividad privada» . El anterior Gobierno socialista le abrió expediente por ello el 8 de enero pasado, cuando estaba en funciones y sabía que el pacto del PP y Ciudadanos lo iba a desalojar de la Junta después de 37 años ininterrumpidos en el poder.
