Andalucía
El juez indaga en las subvenciones para cursos de formación prescritas durante el Gobierno de Susana Díaz
Vilaplana reactiva la causa política de los 2.900 millones de la formación y encarga a la Guardia Civil informes sobre la prescripción de subvenciones
El juez José Ignacio Vilaplana ha dado el empujón definitivo a una investigación que llevaba un lustro empantanada: la rama política del caso Formación, que afecta a 24 ex cargos de la Junta de Andalucía. Un año después de que la Audiencia Provincial de Sevilla tumbara el archivo decretado por la magistrada María Núñez Bolaños en el año 2016, el instructor ha encargado hasta cinco informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para averiguar si «existía una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas o entidades beneficiarias».
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El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla trata de identificar si hubo redes de clientelismo o un intercambio de favores políticos tanto en la concesión como en la gestión posterior de las 15.561 subvenciones para la formación, principalmente, de desempleados que los gobiernos socialistas de la comunidad repartieron entre empresas y entidades entre 2009 y 2012. Sólo entre 2002 y 2012 se distribuyeron 2.896,48 millones de euros en Andalucía.
El juez pide que se le informe sobre «cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto a los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016»
En un auto dictado el pasado 31 de julio y avanzado por ABC, Vilaplana extiende sus pesquisas hasta la etapa de la presidenta Susana Díaz, que paralizó durante cinco años la concesión de nuevas ayudas ante los informes de los interventores autonómicos que alertaban sobre un cúmulo de irregularidades en su justificación.
Entre otras diligencias interesadas para detectar un menoscabo de fondos públicos, el magistrado solicita a los agentes especializados de la UCO un «informe actualizado» y ampliado sobre el que elaboraron en abril de 2016 para conocer la « situación de los expedientes de cursos justificados y con justificaciones pendientes sobre los que pudiera haber prescrito el derecho de la Administración a su recuperación, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo».
El juez pide que se le informe sobre «cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto a los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016» y a otros 260 que lo estaban parcialmente. También da instrucciones precisas para que el análisis policial incluya la relación de expedientes de reintegro terminados, los importes reclamados por anualidades, la cifra actualizada de procedimientos prescritos y el motivo de por qué «no se llegó a iniciar o incoar expediente de reintegro».
Constituidas ad hoc
En su resolución, el magistrado hace hincapié en la necesidad de aclarar si la Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo, benefició a empresas fantasma y sin actividad real , creadas con el único fin de captar fondos públicos. Para ello, quiere que la UCO detalle si «las entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales».
Además, quiere saber si las entidades inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad» o si les han concedido subvenciones teniendo otras pendientes sin justificar, a través de exoneraciones masivas emitidas por el Gobierno andaluz para aplazar la obligación de acreditar el destino del dinero público.
El instructor solicita a la UCO un atestado con informe de inteligencia policial sobre el resultado final de la investigación. Además, libra otros oficios a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y a la Intervención General de la Junta con el fin de que les presten toda la colaboración que precisen los agentes.
La Audiencia reabrió hace un año esta pieza clave del fraude de la formación que fue archivada por Núñez tras solicitarlo la Fiscalía. La sala ordenó a la juez practicar una serie de pruebas y diligencias de investigación ya admitidas por la juez Mercedes Alaya que su sucesora renunció a llevar a cabo en una causa que analiza las irregularidades cometidas en la concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones en Andalucía.
