Andalucía
El juez abre una nueva causa contra el exconsejero Ojeda por desviar subvenciones con facturas falsas
El instructor inicia otra investigación por la presunta «contabilidad B» de sus empresas para quedarse dinero público
Las empresas del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda llevaban una supuesta «contabilidad B» o paralela para lucrarse con las subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía destinadas a la formación y el reciclaje laboral de los empleados despedidos por la multinacional Delphi. Para investigar estos hechos delictivos, el juez José Ignacio Vilaplana ha abierto una nueva causa o rama dentro del frondoso bosque de corrupción que creció en torno a las ayudas para cursos de formación en Andalucía, una de las regiones con más paro de España.
En un auto del pasado 31 de julio al que ha accedido ABC, el juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla acuerda iniciar unas nuevas diligencias previas centradas en estas irregularidades. El magistrado sospecha que el consejero socialista de Hacienda entre 1987 y 1990 montó un sistema ilícito «dirigido a la creación de conceptos ficticios que permitiesen el desvío de los fondos de las subvenciones concedidas también en el marco del denominado dispositivo Delphi». Entre 2009 y 2010, el Gobierno de José Antonio Griñán le concedió 33 millones de euros en subvenciones excepcionales con cargo a los presupuestos para contratar a unos 1.600 trabajadores afectados por el cierre de la factoría de Puerto Real sólo por asistir a cursos de formación.
No sólo los contratos de los antiguos empleados eran «simulados» o ficticios , según un informe emitido por la Inspección de Trabajo, sino también las facturas a las que se endosaban las ayudas por el alquiler de aulas, compra de material didáctico o las nóminas de los monitores que impartían las clases. El juez apunta a una «doble facturación fraudulenta de los docentes a través de la entidad Serpro S.L., vinculada al grupo Prescal , administrado por el antiguo político. Hay siete expedientes de subvenciones «vinculados a tales hechos delictivos», especifica en su resolución el instructor del caso. Los juzgados de instrucción de Algeciras y Cádiz ya abordaron esta línea de investigación.
El magistrado apunta a una «doble facturación fraudulenta» a través de su empresa Serpro S.L.
En un informe entregado al juzgado sevillano en 2018, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional concluyó que Ángel Ojeda Avilés creó una empresa «fantasma», Serpro S.L., «única y exclusivamente para desviar o apropiarse ilícitamente de parte de los fondos concedidos en subvenciones para formación» por la Junta de Andalucía.
Con el propósito de «obtener un mayor beneficio» con cargo a los fondos públicos, Ojeda habría constituido esta «empresa fantasma para formalizar una facturación ficticia». La normativa establece que por lo menos el 40 por ciento de la cuantía subvencionada debe ir destinada al gasto de docentes. Aunque las ayudas se justificaban ajustándose «con exactitud» a este porcentaje, la investigación «ha demostrado» que «alrededor del 50%» de esta cuantía se «conseguía desviar ilícitamente» mediante «el método de la contrafacturación», advirtieron los agentes de la Policía especializada.
En esta nueva causa, el juez investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos. Para no «entorpecer o retrasar» la investigación de los contratos «simulados» de Delphi , cuya culminación está «muy próxima», acuerda desgajar la pieza de la supuesta «contabilidad B» y así se lo comunica a la Fiscalía Anticorrupción a fin de que solicite nuevas pesquisas o la citación de investigados.
Contratos «simulados»
La causa original, que está a punto de concluir, se centra en «la creación de un sistema paralelo e ilegal de Seguridad Social» para los parados de Delphi «con la excusa de la implementación de un sistema formativo destinado a facilitar su inserción laboral». Según el juez, Ojeda y otros doce investigados habrían realizado «una subcontratación y facturación fraudulenta cruzada , con el fin de lucrarse mediante la desviación de las cantidades concedidas por la Junta de Andalucía a modo de subvenciones dirigidas a financiar dichas contrataciones».
Tales subvenciones «supuestamente excepcionales» se habrían concedido «de manera injusta y arbitraria» para financiar sueldos, cotizaciones y otros gastos «a pesar de que no realizaban un trabajo productivo por cuenta ajena», aclara el instructor. Entre los investigados en la causa se encuentran el que fuera consejero de Empleo entre 2010 y 2012, Manuel Recio , y su antecesor en el cargo, Antonio Fernández , condenado por el caso ERE.
En su declaración ante la juez María Núñez Bolaños en 2016, Ojeda afirmó que la Junta le debía cinco millones en ayudas y que el negocio de la formación fue «una ruina» para su grupo de empresas. El exconsejero defendió que los cursos «siempre se han realizado a plena satisfacción», e incluso por debajo del precio de mercado.
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