Andalucía
Juan Marín: «No sabemos cuánto dinero vamos a poder recuperar de los ERE»
La Junta tiene que pagar 37 millones de euros hasta 2025 por los ERE que están en vigor
El Consejo de Gobierno ha iniciado este martes los trámites para tratar de recuperar parte de los fondos malversados por los ERE iniciando el procedimiento por la vía civil en cuanto sea posible hacerlo. Un proceso que se prevé largo y difícil ya que no se podrá iniciar hasta que no haya una sentencia firme del Tribunal Supremo. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo es ponerse en marcha para verificar cuánto dinero puede revertir a las arcas públicas.
«No sabemos cuánto dinero vamos a poder recuperar, si un euro o quinientos. Decir lo contrario sería mentir a los andaluces y eso no lo vamos a hacer», ha dicho Juan Marín quien ha insistido en que el sistema creado «por los gobiernos socialistas» no sólo «malversaba el dinero sino que hacía imposible su recuperación». «Pero no vamos a escatimar esfuerzos por todas las vías posibles»
Lo que sí tienen claro en el Gobierno andaluz es que deben pagar hasta 37 millones de euros hasta el año 2025 por los ERE que están en activo . En este sentido, el vicepresidente andaluz ha llamado a la tranquilida a los más de seis mil trabajadores «que han cobrado legítimamente los expedientes de regulación de empleo». Pero, eso sí, a los doscientos intrusos que se colaron, «los vamos a perseguir hasta el final para recuperar el dinero».
Las fianzas
El vicepresidente andaluz y el Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo han insistido en varias ocasiones en culpar a Susana Díaz por la dificultad de recuperación de estos fondos. «Dio la orden de salirse del procedimiento judicial y si no lo hubiera hecho los altos cargos condenados tendrían fianza que ahora podríamos reclamar»
En este sentido, Marín recordó que Griñán tenía una por 4,9 millones de euros; Vallejo, 3,7 millones; o 6,2 millones de euros José Antonio Viera, unas fianzas que decayeron a salirse la Junta del procedimiento y no actuar como acusación.
A esto hay que añadir el hecho de que la Junta está obligada a abonar el coste de las defensas de todos los cargos públicos, unos fondos que tendrá que pagar y que sólo podrá reclamar cuando haya sentencia firme.
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