Administración
Andalucía cobrará tasas por utilizar museos, grabar aves silvestres y el control de la contaminación
La Junta cobrará por servicios públicos que hasta ahora eran gratuitos; las nuevas tasas dejarán más ingresos, aunque niega un «afán recaudatorio»

Cuando el Parlamento andaluz aprobó su primera Ley de Tasas y Precios Públicos gobernaba el país Felipe González. José Rodríguez de la Borbolla presidía el Gobierno autonómico y Juanma Moreno iba al instituto. La selección española había protagonizado una enorme decepción, otra más, al caer en la primera fase de la Eurocopa. Y los niños se reían delante del televisor con la bruja Avería y los electroduendes de «La Bola de Cristal».
El mundo ha cambiado mucho en 31 años. Pero no la norma que regula las tasas y precios públicos en Andalucía. Vigente desde 1988, es la ley más antigua de España en esta materia. Se ha quedado tan obsoleta que recogía tasas por servicios públicos que ya ni siquiera se prestan, como la cuota de suscripción del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en papel , que no se imprime desde mayo de 2012, así como otros trámites que han pasado a desempeñar diferentes administraciones. El ejemplo más claro es la tasa que grava la vivienda de protección oficial, cuya calificación provisional y definitiva compete desde el año 2010 a los ayuntamientos.
A falta de una regulación homogénea, durante más de tres décadas las distintas consejerías han parcheando la ley existente mediante una treintena de normas distintas , entre leyes de presupuestos y decretos especiales, creando una maraña tan dispersa y tupida que a veces hasta los funcionarios podían perderse en ella.
«Queremos es adecuar la norma a la nueva realidad social. Estaba todo tan disperso que había que hacer una gymkana para conocer qué servicios públicos prestaba la Administración y el coste que tenían. Esto creaba inseguridad jurídica en el contribuyente e incluso al legislador le resultaba complicado controlar las tasas y saber qué norma estaba vigente», explica a ABC el director general de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego de la Junta, Manuel Vázquez Martín .
Rodajes en museos
La Consejería de Hacienda e Industria va a fundir en un único texto normativo la ensalada de regulaciones y decretos existentes. El anteproyecto de la nueva ley, que se encuentra ahora en la fase de información pública, suprime tasas que gravaban servicios ya inexistentes, actualiza algunas de ellas cuyos importes aún están en pesetas, y crea otras nuevas para que el beneficiario de un servicio, ya sea un ciudadano de a pie o una empresa, sufrague el coste que estas gestiones acarrean a la Administración. Había muchos servicios que se venían prestando que no se podían cobrar porque no aparecían en ninguna norma.
La nueva ley, que verá la luz dentro de un año, crea tasas por trámites administrativos y elimina otras obsoletas
Por sorprendente que parezca, hasta ahora no se pagaba una tasa por el uso especial de museos y monumentos gestionados por la comunidad autónoma. Por ejemplo, rodar una película o un vídeo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla o Medina Azahara en Córdoba , por ejemplo, salía gratis. Cuando entre en vigor la norma, cuya tramitación durará más de un año, se aplicará una tasa a estas actividades extraordinarias que acarrean «un coste en suministros, materiales, vigilancia, limpieza, entre otros, que debe ser asumido por los organizadores».
La Junta va regular la práctica de actividades deportivas en el medio natural y habrá que pagar una tasa por fotografiar, grabar, observar o hacer un seguimiento de fauna silvestre siempre que «afecte a especies amenazadas de aves y mamíferos en época de reproducción o se usen puestos fijos durante más de una jornada».Además, tendrá un coste «la tramitación de la concesión de la etiqueta ecológica para un producto o servicio determinado».
Las empresas tendrán que pasar por la ventanilla de la Administración para cubrir el coste de nuevos tipos de autorizaciones e inspecciones para prevenir y controlar la contaminación , que acarrean un gasto. Un funcionario tiene que desplazarse y estudiar el expediente antes de dar su permiso.
Inspecciones industriales
En materia de industria se han introducido tasas por la tramitación de numerosos planes de inspección que antes no existían y por la puesta en marcha de instalaciones energéticas. La Administración también «pasará factura» por investigar almacenamientos geológicos de dióxido de carbono y para hidrocarburos en empresas.
Se incorporan tasas para cumplir nuevas disposiciones estatales y europeas en materia de medio ambiente e industria o como resultado del traspaso de competencias del Estado, como la gestión del litoral andaluz.
Cuando entre en vigor la norma, la Consejería de Salud podrá cobrar otra tasa por autorizar el funcionamiento de centros, establecimientos sanitarios y almacenes de distribución de medicamentos. La regulación afecta a las ortopedias, ópticas, oficinas de farmacia , bancos de tejido, ambulatorios y hospitales privados.
La creación de estas tasas, sobre todo en la industria y la minería, llevará aparejada «una mayor recaudación» que «no sería sustancial» , puntualizan desde el equipo de la Consejería de Hacienda que trabaja desde 2016 en la elaboración de la nueva ley. Su desarrollo ha sido una puesta en común de todas las consejerías, que han ido presentando sus propuestas de tasas para revisar, crear o suprimir, acompañadas de sus razonamientos técnicos, jurídicos o económicos. « El impacto económico no está cuantificado porque depende mucho de la actividad» que se demande.
La Consejería de Hacienda reúne en un único texto una maraña de treinta decretos y normas dispersas
La cuantía de las tasas, que obligatoriamente se abonan por utilizar un dominio o servicio público, está limitada: no puede superar el coste del servicio prestado. Vázquez defiende que esta nueva normativa no encierra un «interés recaudatorio». « El ciudadano de a pie no lo va a notar, sino más bien las empresas . Algunas de ellas nos han manifestado que estarían encantados de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos si ello conlleva una agilidad administrativa», asegura el responsable de la Consejería que dirige Juan Bravo (PP).
La nueva ley no verá la luz hasta marzo o abril de 2021. Acaba de iniciar su largo recorrido burocrático con su exposición pública. En esta fase se notifica el anteproyecto a 700 asociaciones y entidades para que hagan aportaciones. Cuando disponga de todos los informes preceptivos, el Consejo de Gobierno la aprueba y envia al Parlamento convertido ya en proyecto de ley. Eso ocurrirá a finales de octubre.
Tasas que se caen
A lo largo de los 31 años de vigencia de la actual ley, hay tasas que han perdido su sentido y van a ser eliminadas. Aparte de la referida a la calificación de la VPO, desaparece la tasa por «la diligenciación» o tramitación de los libros de contabilidad de las mesas de casinos y las actas de salas de bingo. Todos estos datos ya no se guardan en soporte de papel sino que se introducen en un sistema informático.
La Junta suprime la mencionada tasa del BOJA porque desde el 10 de mayo de 2012, las leyes, decretos, reglamentos, sentencias y resoluciones oficiales sólo se publican en Internet. El formato es gratuito.
Entre las tasas que se caen destaca la del « certificado de reconocimiento y reseña de las transacciones comerciales de équidos», un servicio que ya presta el Consejo Andaluz del Colegios Oficiales Veterinarios, y la que grava la «Marca Nacional de Calidad y Certificados de Productor Nacional», inspirada en una ley del año 1939 para preservar la producción industrial nacional frente a la importación, un celo proteccionista que ya no tiene encaje en la norma española y europea.
La nueva ley, que entrará en vigor en la primavera del próximo año, es un compendio de tasas nuevas y otras que se mantienen. Entre estas últimas destacan la inscripción en concursos y oposiciones que convoca la Administración, la de ordenación de transportes mecánicos por carretera , o la de expedición o renovación de certificados de acreditación profesional para la enseñanza náutico-deportiva.
La «gymkana» de la sobrerregulación y fragmentación normativa creada durante 31 años tiene los días contados.
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