LEY DE DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO EN DESAHUCIOS
Una ambiciosa ley... que sólo permitirá comprar 20 pisos al año
El Parlamento andaluz aprueba una norma para comprar las viviendas que vayan a ser desahuciadas y alquilarlas a sus moradores
El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la Ley de derecho en tanteo y retracto en desahucios de viviendas que permite al Gobierno regional adquirir los inmuebles que vayan a ser objeto de desahucios a los bancos para ofrecerlas a sus moradores a cambio de un alquiler social . Una iniciativa que pretende ser un apoyo a las familias que peor lo están pasando pero que, en la práctica, no es más que una declaración de buenas intenciones.
Porque la normativa aprobada sólo contempla la intervención de la Junta en los casos de ejecuciones hipotecarias pero no en los casos en los que el desahucio se deba a impagos del alquiler. Además, la nueva ley contempla un presupuesto de sólo 4 millones de euros al año, una cantidad que, según los cálculos de todos los grupos de la oposición, sólo permitirá comprar unas 20 viviendas (a un precio medio de 200.000 euros) aunque la Consejería de Fomento y Vivienda es más optimista y espera poder comprar 200 pisos cada año con esa cantidad (lo que supondría un coste por vivienda de 20.000 euros).
Al margen de estos cálculos, la realidad es que en Andalucía durante 2017 se produjeron 5.150 desahucios de los cuales 4.713 se debieron a impagos del alquiler y el resto fueron ejecuciones hipotecarias, siendo Andalucía la segunda comunidad, tras Cataluña, que más lanzamientos de viviendas registra, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
La normativa aprobada por el Parlamento , además, no podrá aplicarse hasta el año 2020 según denunció la portavoz del PP en vivienda, Alicia Martínez, puesto que hay una normativa estatal que lo impide hasta esa fecha.
La ley salió adelante con los votos del PSOE y también de Ciudadanos cuyo portavoz, Carlos Hernández, criticó la norma por considerar que no resuelve los problemas de la mayoría de los andaluces.
Las críticas fueron también unánimes en el resto de grupos de la oposición que consideran que la normativa nace ya obsoleta, falta de recursos y sin hacer frente a los problemas reales de vivienda que tienen los andaluces a consecuencia de la crisis.
El consejero de Fomento, Felipe López ha defendido el «marcado carácter social» de la norma aprobada ayer que «dará soporte» a las familias más desfavorecidas.
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