Entrevista
Álvaro Martín: «Quieren convertir el Consejo General del Poder Judicial en un apéndice del Gobierno»
Miembro destacado de la Asociación Profesional de la Magistratura, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla llama a estar «vigilantes» ante cambios que socavan la independencia del CGPJ
El nombre de Álvaro Martín Gómez (Cáceres, 1970) va asociado al gran caso de su vida y al auto más trascendental que se ha escrito en 40 años de Autonomía andaluza. De su ordenador salió la resolución que sentó en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el procedimiento específico del caso ERE, el sistema ilegal de ayudas por el que fueron condenados. Pero si este instructor vocacional y minucioso ha dejado a un lado su perfil discreto para dar un golpe encima de la mesa es porque ha hallado un buen motivo para hacerlo: una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que constituye un «peligro» para su independencia. Pedro Sánchez se muestra ahora dispuesto a retirarla, pero conviene no bajar la guardia, asegura Martín, que forma parte de las ejecutivas nacional y regional de la Asociación Profesional de la Magistratura.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha planteado a priori una reforma que reduce la mayoría necesaria para la elección de los jueces del CGPJ por el Parlamento. ¿Va a politizar más la Justicia?
Eso a nadie se le escapa. El sistema de elección parlamentaria, que es manifiestamente mejorable, tiene algunas garantías que le dan un mínimo de fiabilidad para evitar la politización pura y dura del CGPJ. La principal es la exigencia de un acuerdo mayoritario de tres quintos del Congreso. Eso está regulado en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 . Una cosa es el sistema de elección parlamentaria que tenemos ahora y otra, uno partitocrático, hacia el que se tiende, que obvia la legitimidad que puede dar el Parlamento en pro de una mayoría de un grupo de partidos políticos.
Durante el reciente debate de la fallida moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se abrió a congelar su proyecto de reforma para pactarlo con el PP. ¿A qué atribuye esta posible marcha atrás?
Ha sido por la presión a la que se ha visto sometido tanto en el ámbito mediático como judicial y por las llamadas de atención de la Unión Europea . Eso ha hecho que no siga con su intento de llevar a cabo la reforma. Pero no quita que debamos estar vigilantes en el futuro. El hecho de haberlo propuesto es un indicio de cuál es su planteamiento político.
¿Esta reforma ponía en peligro la separación de poderes del Estado?
Era un peligro objetivo para la independencia del Poder Judicial. La reforma de 1985 conllevaba unos riesgos que con muchos problemas se pueden solventar. La reforma que se ha planteado ahora instauraría un sistema distinto que viene a convertir al CGPJ en una especie de apéndice, en una dirección general del gobierno de turno que, apoyado en una mayoría parlamentaria, determinaría su funcionamiento. Eso es contrario a la Constitución. De nada sirve crear un órgano como el CGPJ si sus integrantes tienen una dependencia absoluta del poder ejecutivo.
En el año 1985, cuando el gobierno de Felipe González cambió el sistema para que los veinte vocales del CGPJ pasaran a ser elegidos por las Cortes Generales, el vicepresidente Alfonso Guerra se ufanó de haber enterrado a Montesquieu. ¿En qué situación quedaría ahora el jurista francés?
Probablemente, ni siquiera lo entierran, lo incineran. Lo que se propone es una auténtica aberración. Contraviene el espíritu de separación de poderes. Se comprende que algunos grupos, cuya ideología hunde sus raíces en corrientes marxistas, no crean en la separación de poderes , pero en una sociedad democrática totalmente europea eso es inconcebible. Junto con ello hay una miscelánea de grupos que podrían respaldarla. Pero, ¿son grupos que tienen un compromiso con la Constitución y la nación? ¿O que están intentando la división de la sociedad española o el dinamitado del Estado? Parece que van por esta línea.
Si el Gobierno ha dado marcha atrás a la reforma ha sido por la presión mediática, judicial y de Europa
¿Cree que la elección de la anterior ministra de Justicia como fiscal general del Estado socava la imagen de independencia del ministerio público?
La elección de la fiscal general del Estado, más allá de los méritos personales que tenga, evidentemente no favorece la imagen de independencia de la Fiscalía. Eso a nadie se le escapa. Cuando se toman ese tipo de decisiones, se tomarán, imagino, aceptando la consecuencia para la imagen de la Fiscalía que tiene en la opinión pública. Además, es una decisión muy grave, sobre todo cuando se marca en una legislatura en la que se quiere retomar la idea de transferir la instrucción desde el campo de los jueces al de la Fiscalía. Va a ser muy difícil o imposible convencer de una idea de una instrucción independiente y solvente si vamos a desarrollarla a través de la Fiscalía, a la que no haya garantizado de forma absoluta suficiente grado de independencia y no es el caso.
¿Qué se pretendía con la reforma propuesta? ¿Controlar a quienes dictan las sentencias?
Controlar a quienes dictan las sentencias es mucho más difícil porque eso llevaría medidas que no veo que estén en esa reforma. Pero sí conlleva una advertencia o una amenaza. En primer lugar, porque la legítima aspiración de progresar en la carrera puede quedar vinculada a la línea de actuación de los jueces. En segundo lugar, el CGPJ ejerce funciones que son disciplinarias. Eso es una advertencia muy grave que en manos de un ejecutivo dispuesto a utilizarla de manera torticera supone un peligro para la independencia del poder judicial. Por tanto, no es que el mecanismo sea decirle al juez lo que tiene que poner. Es sencillamente que el progreso que uno quiera tener legítimamente en su carrera y la tranquilidad en el ejercicio de su profesión pueden quedar amenazados por un CGPJ intervenido por el ejecutivo.
Los ataques al Poder Judicial se han recrudecido en los últimos meses. El juez que ha pedido investigar a Pablo Iglesias en el caso Dina ha sufrido amenazas. ¿Cree que existe acoso político a los magistrados?
El compañero al que se refiere ha sido objeto de amenazas. Es evidente que se produce en determinados casos situaciones de acoso. Por definición los poderes tienen a expandirse todo lo que pueden y a buscar cuantos menos límites mejor. Es su propia naturaleza y por eso se establece la separación de poderes. Al Poder Judicial le toca ser precisamente la principal barrera de estos poderes . Lo que ocurre es que a lo mejor el Gobierno actual, aparte de los partidos que lo integran, tiene otros compañeros de viaje que tienen demasiadas vicisitudes judiciales. Y, claro, para ese proyecto sí puede ser un problema la actuación judicial independiente.
Con frecuencia escuchamos que se etiquetan a las asociaciones de jueces como progresistas y conservadoras. El reparto de cuotas que los partidos han aplicado al sistema de elección ha acabado erosionando la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia.
El punto de partida es que el CGPJ tiene que conseguir transmitir una imagen de independencia. Ahora estamos hablando del campo de la imagen. Es un problema de imagen a día de hoy. Pero con la reforma que se ha planteado, ya no sería un problema de imagen, sino de ejecutoria del CGPJ, no podría hablarse de independencia. Cuando se transmite la idea de que hay una cuota de conservadores o progresistas y que esas cuotas vienen de la mano de partidos de centro derecha o de centro izquierda, más se afianza esa situación. No obstante, hay casos que desmienten esta realidad. Por ejemplo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha sido elegido vocal a propuesta del PP y ahí vemos su trayectoria política.
El Gobierno plantea ahora una reforma del Código Penal para rebajar las condenas por el delito de sedición, que afecta a los independentistas catalanes, sus aliados parlamentarios. ¿Qué le parece?
Cuando el Gobierno tiene una mayoría parlamentaria que está integrada por determinados grupos, al final éstos acaban marcando la agenda legislativa . Ya queda en la conciencia de cada uno a lo que está dispuesto. Desde luego, reformar un delito para adaptarlo ad hoc a una sentencia para que, en aplicación de la norma más favorable, se lleve a cabo una modificación de la respuesta penal, a mí me parece que c ontraviene las más elementales normas de funcionamiento del Estado de Derecho . Es prácticamente hacer la ley con nombres y apellidos.
¿Al poder ejecutivo no le interesa que la justicia funcione bien?
Yo siempre recordaré una frase de mi padre, que también ha sido magistrado emérito, y es que él nunca ha visto un gobierno que tenga interés que la Justicia funcione. Él tiene muchos años de servicio. Parece que no hay un interés verdadero en que la Administración de Justicia funcione como tal . El sistema de reparto de funciones que hay en España es verdaderamente desquiciado. Es muy difícil que nada pueda funcionar bien cuando es competencia de tres organismos distintos que pueden llegar a ser incluso contradictorios. El CGPJ, por una parte, el Ministerio de Justicia, por otro, y las comunidades que tienen transferidas las competencias. Es muy difícil que así funcione bien.
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