Los altos cargos de la Junta de Andalucía se elegirán por concurso público y abierto

La nueva norma, que viene a derogar la actual tras 36 años, busca gestionar la enorme plantilla pública en Andalucía. S on 270.000 empleados solo en la Junta y a eso hay que sumar diputaciones, ayuntamientos y universidades . Es la gran apuesta de la Consejería de Presidencia, Administración Pública a e Interior y para ser una realidad ya solo le queda pasar el trámite parlamentario.

El primer punto que cambia esta ley es el acceso a la función pública. Por primera vez tras muchos amagos y debates, se recoge en el articulado de una norma andaluza que las oposiciones no sean solo un ejercicio memorístico. A partir de ahora podrán incorporarse pruebas que demuestren que el candidato a un puesto de funcionario tiene las habilidades y competencias para desarrollar su trabajo, no solo una gran memoria.

Este cambio busca atraer tanto al talento joven —que no tendrá que estudiar años y años para acceder a un puesto público, señalan fuentes de la Junta— como a las personas con más experiencia laboral. Ellos podrán además capacitar sus habilidades y experiencia para que eso les sirva de cara a un proceso selectivo e la Junta.

Porque, recuerdan desde la Junta, l a media de edad para acceder a un puesto en la Administración andaluza es de 36 años , de modo que para adaptar a esa realidad las oposiciones hay que pensar tanto en el recién graduado como en quien, ya con un bagaje profesional, se plantea competir por un puesto de funcionario.

Además del cambio de exámenes, los tribunales serán diferentes en el futuro. Hasta ahora quienes evalúan a los opositores no tienen ningún requisito formativo . Con la aprobación de esta norma los miembros de un tribunal de oposiciones deberán estar acreditados por el Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP). «Buscamos la profesionalización de manera que esos tribunales estén compuestos por funcionarios expertos», indican desde la Junta. Además, recoge la nueva norma, los tribunales podrán incorporar a profesionales externos que ayuden en la evaluación de capacidades. Sería el caso de psicólogos, pedagogos o figuras similares.

Una vez dentro, los funcionarios pasarán por evaluaciones de su desempeño. Y un resultado positivo de estos procesos será la llave para obtener complementos salariales y acceder a un ascenso. Así, subrayan desde la Junta, el complemento de productividad dejará de ser lineal, es decir, para todos igual, y se vinculará al desempeño de cada empleado público. Pero si el resultado de esas evaluaciones es negativo, también tendrá consecuencias: desde la necesidad de hacer cursos para solventar las carestías detectadas hasta tiempo de experiencia que no podrá evaluarse de cara a un proceso para acceder a un puesto.

Otra de las novedades que plantea la ley es la modificación de la carrera horizontal y vertical de los empleados públicos. Hasta ahora la queja de muchos funcionarios era que, para mejorar en su puesto, debían cambiar de trabajo. Esta realidad provoca además que los empleados con más experiencia se marchen de su puesto para progresar laboralmente.

Eso cambia con la Ley de la Función Pública, que plantea que los empleados públicos puedan progresar dentro de su puesto ascendiendo en lo que ahora se conoce como niveles pero con la nueva normativa serán grados. Así, un funcionario grado 24 que quiera promocionar a 26 no tendrá que cambiar de tareas, sino que podrá subir si supera la evaluación de desempeño para ese ascenso.

Dentro de la nueva norma sobre función pública andaluza hay novedades también en la selección de personal directivo. Este grupo profesional se divide en dos tipos. El primero es el personal directivo funcionario. Son los que están ahora en los grados 26 al 30 de la escala laboral de la Junta.

A partir de ahora se podrá llegar a estos puestos gracias al desarrollo de la carrera horizontal, vertical o bien por un concurso abierto a todos los funcionarios donde un comité independiente seleccionará varios perfiles que serán la terna donde se elegirá al directivo.

El segundo tipo se corresponde con lo que ahora se conoce como altos cargos. Hasta ahora en su mayoría son cargos de confianza —y algunos seguirán siéndolo si tienen especial vinculación a un cargo electo— pero con la aprobación de la nueva ley pasarán a seleccionarse entre cualquier ciudadano —funcionario o no— que quiera optar a ese puesto. Tras la publicación del perfil que se busca, un comité independiente evaluará a los candidatos y seleccionará los candidatos para que elija el consejero en cuestión. Además, estos cargos estarán en sus puestos entre cuatro y ocho años.

Destacan desde la Consejería de Presciencia que la norma está redactada buscando el beneficio de los empleados públicos. De hecho subrayan que con la nueva norma se va a reservar en cada oposición un 25 por ciento de plazas para promoción interna y, además, serán quienes ya están en la administración los primeros en elegir plaza cuando haya un proceso selectivo.

Esta nueva Ley de Función Pública introduce también normas para la protección de las mujeres víctimas de malos tratos. En su caso se prevé que puedan pedir traslado de su puesto para escapar de su situación de violencia.