Alcaldes del PSOE ponen trabas a la legalización de viviendas en Andalucía, según los afectados

Más de 300.000 viviendas ilegales recibieron «como agua de mayo», en palabras de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, el decreto que aprobó la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre para regularizar su situación . Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un recurso a la norma que, aunque no supone su derogación -«el decreto está vigente», ha señalado Carazo este miércoles tras reunirse con los afectados-, sí que supone la llegada de nubarrones oscuros en el horizonte de quienes se veían ya con su casa legalizada.

Para tranquilizar a quienes están en proceso de regularización, la consejera del ramo ha mantenido una reunión este miércoles en la sede de la Consejería de Sevilla. En la misma ha asegurado que el problema de las viviendas ilegales «no puede ser un asunto político» y ha emplazado al Gobierno central a fijar una fecha para la reunión en la que debatir sobre esta medida.

Mientras, los afectados pueden seguir tramitando los papeles de sus viviendas, hasta ahora ilegales. Se trata de casas que tienen que cumplir tres requisitos : no tener menos de seis años, no estar construidas en terrenos de especial protección y, por último, que no pese sobre ellas una sentencia firme de demolición.

Los afectados, que han asegurado que confían en la norma que regula sus viviendas no se pare por un recurso del Gobierno central , han asegurado que hay ayuntamientos -gobernados por el PSOE, han añadido-, que ponen trabas a la hora de iniciar los trámites de legalización de los inmuebles.

Carazo, por su parte, ha recordado que el decreto ley sigue vigente pese al requerimiento de la Administración central, al que ha emplazado a que celebre el encuentro « a la mayor brevedad posible » para aclarar las dudas que tengan. «El hecho de que hayamos tenido un Gobierno en funciones hasta mediados de enero ha impedido que se haya convocado esta reunión, en la que remarcaremos que el decreto no interfiere en la zona de dominio público», ha apuntado la consejera, que estuvo acompañada en la reunión por María del Carmen Compagni, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.