Alcaldes investigados... y al final absueltos
Numerosos regidores han cumplido la «pena del telediario» y en última instancia las causas en las que estaban implicados quedaron archivadas
EL ya exalcalde de Granada con el PP, José Torres Hurtado , es la segunda vez en los dos últimos años que se encuentra inmerso en la misma situación, tener que enfrentarse a la Justicia para dirimir si su actuación entra o no dentro de la legalidad. En enero de 2014, quedó a bsuelto de un delito de prevaricación por la permuta de una deuda municipal, a raíz de una querella presentada por el grupo socialista. En estos días vuelve a estar implicado en una presunta trama de corrupción vinculada al urbanismo. Después de varios días echándole un pulso al partido, presentó su dimisión junto a otros dos concejales.
Pero ciñéndonos al primero de los episodios, al igual que el alcalde granadino otros muchos primeros ediles de Andalucía, algunos con la condición de ex, han tenido que cumplir (unos más que otros) la conocida como «pena del telediario», donde la imagen, el honor y la intimidad de los encausados quedan seriamente dañados pese a que, finalmente, los jueces proclamen su inocencia. Hay muchos ejemplos.
María J. García Pelayo (PP)
La última en incorporarse a la lista. El Tribunal Supremo puso las cosas en su sitio días atrás y acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP María José García-Pelayo en la pieza separada en la que se investiga la contratación de la trama Gürtel en Fitur. El alto tribunal reconoció que existen «datos abrumadores» de irregularidades en la adjudicación de contratos del consistorio pero consideró que la entonces regidora del municipio gaditano no tenía por qué saber lo que firmaba.
Antonio Torres (PP)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió absolver en diciembre de 2010 al alcalde de Berja y parlamentario andaluz por el PP , Antonio Torres, de un delito de prevaricación del que le acusaba el PSOE local, por el caso del nombramiento del jefe de la Policía Local en el año 2007. En este proceso la Fiscalía no presentó acusación, pero los socialistas demandaban dos años de inhabilitación y una multa de 50 euros diarios durante ocho meses.
Manuel Vallejo (PSOE)
El 5 de julio de 2011 Vallejo se mostraba «absolutamente feliz» después de que la Audiencia Provincial lo declarara absuelto de un delito de omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos por el que había sido condenado a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital. El alcalde denunció en declaraciones a los medios «el calvario» por el que tanto él como su familia habían pasado desde que se conoció la imputación.
Pedro Fernández (PSOE)
El socialista Pedro Fernández quedó absuelto en enero de 2012 de un delito contra la ordenación del territorio porque el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga estimó que no era el responsable de que entre los años 2003 y 2006 un vecino se construyera dos casas ilegales e ilegalizables en una parcela agrícola. Las dos viviendas se edificaron sin licencia y ambas fueron descubiertas por el Seprona. La sentencia asumió los argumentos expuestos en el juicio por el alcalde, al subrayar la carencia de medios del Ayuntamiento para perseguir las edificaciones ilegales , al tiempo que agregó que Fernández se limitaba a firmar aquellas licencias de obra que incluían el informe técnico favorable.
Juan Carlos Juárez (PP)
Mayo de 2012. El Tribunal Supremo absolvió al popular Juan Carlos Juárez del delito de prevaricación por el que la Audiencia Provincial le condenó un año antes a siete años y medio de inhabilitación para cargo público por el «caso Roseworld» sobre una supuesta venta irregular de parcelas. La sentencia también declaró inocente a Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, y al exconcejal Carlos Ruiz Calama.
José Juan López (PSOE)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar (Granada) archivó en julio de 1014, por segunda vez, la denuncia interpuesta por la posible prevaricación contra el que fuera alcalde de Castril por la licitación del contrato para la mejora y control del abastecimiento de agua (instalación de contadores), al no ver delito alguno en su actuación. La denuncia fue presentada en primer lugar por IU, pero el juez archivó el asunto, que sin embargo recurrió el también exregidor Miguel Pérez.
José Luis Sanz (PP)
Cuando en febrero de 2014 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , eligió a Juanma Moreno para liderar el PP andaluz en sustitución de Juan Ignacio Zoido , el nombre que más sonaba en los mentideros políticos era el del alcalde de Tomares, senador y secretario general del partido en la Comunidad, José Luis Sanz, y por quien apostó, sin éxito, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El problema era que por aquel entonces Sanz se encontraba en el ojo del huracán .
Aunque siempre sostuvo que se trataba de un asunto vinculado a supuestas irregularidades administrativas, había sido denunciado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por unos contratos municipales para la redacción de informes. Al ser aforado por su condición de senador , el caso pasó al Tribunal Supremo, que en abril de 2015, archivó la causa. Según dictaminaron los jueces, no había indicios de la comisión de los delitos contra el también alcalde de Tomares.
Ni había indicios de que el aforado «consintiera» para que los cometiera un tercero. Meses antes el Supremo preguntó a la Fiscalía si en su opinión debía abrir una causa para investigar al senador popular y el representante del Ministerio público informó en contra.
A finales de 2014, con anterioridad a que se supera el dictamen del Supremo, Sanz realizó unas declaraciones en las que señaló que «en un Estado de Derecho un imputado no es un condenado , y no todos los imputados son iguales».
