Alaya gana otro pulso a la Junta un año después de dejar la causa de formación
La Audiencia avala su investigación de los cursos que ahora se encamina a su archivo
No por ser una decisión extemporánea deja de tener su relevancia. La Audiencia Provincial de Sevilla ha avalado la actuación de la juez Mercedes Alaya cuando abrió la macrocausa de los cursos de formación. Los letrados de la Junta de Andalucía presentaron un recurso de apelación con la pretensión de apartarla de la investigación alegando que podría haberse vulnerado el derecho a un juez natural , puesto que la causa no fue a reparto y Alaya asumió una investigación que podría haber correspondido a cualquier otro magistrado.
La medida ya no tiene ningún efecto más allá de la victoria moral. Hace más de un año que la magistrada dejó el juzgado para ocupar una plaza en la Audiencia de Sevilla . La sustituyó la juez de Familia María Núñez Bolaños , que se hizo con la titularidad del juzgado a mediados de junio de 2015. Fuentes judiciales dan por hecho que la nueva instructora del caso va a archivar la causa política de formación, por la que están siendo investigados 24 ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al considerar que en la gestión de las subvenciones sólo hubo irregularidades administrativas.
La Sección Primera de la Audiencia ha rechazado la nulidad de las actuaciones que planteó la acusación particular que ejerce la Junta y ha confirmado el auto del 13 de marzo de 2015 que ya desestimó la petición de nulidad a raíz de la declaración de Teodoro Montes, exresponsable de Formación de la Junta y luego testigo protegido. El funcionario denunció en la comisión de investigación del Parlamento que los cursos se convirtieron en el «negocio del siglo en la Junta» con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz. La acusación particular de la Junta había solicitado la nulidad de todas las diligencias llevadas a cabo a partir del auto de 7 de marzo de 2014.
La Audiencia sostiene que «la noticia criminis» aportada por el funcionario del departamento de Gestión de Formación Ocupacional Teodoro Montes «no era plenamente ajena a los hechos que investigaba la instructora en ese momento», en alusión a la causa de los ERE. Por estos motivos, considera que la decisión de incoar las diligencias previas «no resulta ni ilógica, ni arbitraria, ni altera las reglas de competencia objetiva, territorial o funcional, ni causa efectiva de indefensión material».
La Audiencia también ha avalado la actuación inicial de la juez Alaya de apartar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la investigación de los cursos de formación. Además, rechaza un recurso del PP que pedía la nulidad de la división en nueve piezas separadas de la instrucción e enjuiciamiento de la causa de formación por parte de Núñez.
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