Alaya: «La corrupción se ha consentido, lo sabía mucha gente»

la juez Mercedes Alaya rechazó ayer que macrocausas similares a las de los ERE, que ella destapó hace cinco años, se igualen en las últimas reformas legales con el término de dilación indebida, y en este sentido resaltó que las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad nos las impone y no porque los jueces queramos.

Alaya, que dejo el juzgado de los ERE en junio tras ganar una plaza en la Audiencia de Sevilla, participó ayer en unas jornadas docentes organizadas por la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. El debate se centró en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La magistrada aseguró que cuando hay casos de corrupción tan importantes, con tantos millones de euros que se han defraudado a los ciudadanos, hay que dejar trabajar a todos los estamentos, jueces, fiscales y policías con tranquilidad. «La culpa de las tramas de delincuentes no las tenemos ni la Policía, ni la Guardia Civil ni los jueces. La culpa es porque se ha consentido durante mucho tiempo que la corrupción política exista «y además con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente».

Junto a ella, intervinieron el abogado Juan Gonzalo Ospina y el investigador Daniel Puga, que igualmente se mostraron sumamente críticos con las modificaciones introducidas por el poder legislativo.

En relación con la prescripción de delitos, precisamente vinculada al caso de los ERE, la juez indicó que la clave está en cuándo se inicia la investigación y no en los plazos que se emplean en la instrucción. «El problema es que se averigüen los indicios del delito demasiado tarde o que se remonten a años. Entonces vamos con prisa y celeridad y los medios materiales no nos permiten investigar de forma suficientemente eficaz».

En su conferencia, pidió al auditorio que tenga un espíritu crítico y nunca conformista, para a continuación entrar de lleno en los cambios que a su juicio afectan de forma negativa al poder judicial. Según la magistrada, en lo que concierne al proceso penal, cuando se pide la aplicación de medidas eficaces para evitarse la dilación indebida, se utiliza un término «peligroso». Sobre todo cuando inmediatamente después se habla de que se trata de evitar «la elefantiasis procesal» derivada de las macrocausas.

Entre otras muchas cuestiones con las que mostró su desacuerdo, se encuentra la suspensión de los plazos instrucción cuando una causa se declara secreta. En su opinión «por lo bajini» dejan que se instruya la causa, pero cuando los medios de comunicación se interesan por la misma se limita el tiempo. Por ello, reclamó «sosiego y tranquilidad de espíritu» para los magistrados. Entrando en otro terreno espinoso, la juez sostuvo que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afecta la independencia judicial. «Afecta a los jueces que están investigando las macrocausas con las limitaciones de medios que todos tienen. Cómo pueden decir que hay dilación indebida. Si la dilación es producida por la complejidad de la causa no te metas en el terreno que no te corresponde. Es un ataque frontal a la independencia judicial limitando los plazos en la instrucción».