«Ahora sabemos a qué se destinaba el dinero de la formación», denuncia el PP

La secretaria general del PP-A, Loles López , ha asegurado este lunes que casi mil millones de euros destinados por la Junta a los cursos de formación para el empleo entre 2002 y 2012 están «en el limbo», ya que 386 se quedaron sin ejecutar y otros 539 están sin justificar . López ha indicado que no se sabe dónde está el dinero, si en un cuenta corriente o en un caja fuerte. Lo que es evidente, ha apuntado, es que una parte de los millones sirvieron para pagar seguros de entierros, facturas de supermercados y el sueldo de camerareos, en referencia a la información publicado por ABC. «Ahora sabemos a qué se destinaba el dinero de la formación», ha enfatizado.

La dirigente popular, que ha comparecido en rueda de prensa, ha criticado a la Junta por mostrarse reacia al envío de la documentación a la comisión de investigación parlamentaria sobre la formación, y ha resaltado que la información requerida por los grupos políticos igualmente están en un cuarto y la llave la tiena la presidenta, Susana Díaz.

En este encuentro informativo, López no ha ocultado su preocupación por el hecho de que se quiera cerrar la investigación en falso , para no saber el alcance del fraude, y eso después de haber estado vetada la formación desde hace tres años, ha lamentado.

En cualquier caso y ante una nueva etapa en la que se impartan cursos de formación, la secretaria general del PP-A ha tendido la mano al PSOE para diseñar un modelo basado en una serie de puntos, «para que la formación vaya a los deempleados andaluces y no terminen en los juzgados o sea materia de confrontación».

El PP propone una planificación estratégica plurianual con la prticipación de los agentes sociales , entre ellos las asociaciones de autónomos y de economía social; que el modelo sea coherente con las necesidades actuales; que se acompañe de una evalución de la calidad y del impacto real; que cuente con un «cheque» formación para decidir el desempleado la formación y la entidad que la debe prestar; garantizar la concurrencia competitiva, y que se prohíba la subcontratación.