Financiación autonómica
El agujero millonario que dejó a los andaluces el penúltimo acuerdo del PSOE con los independentistas
Andalucía arrastra un déficit de 4.000 millones de euros al año para financiar sus servicios públicos, fruto del sistema de reparto que pactó Zapatero con ERC
El último acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha encendido las luces rojas en el Palacio de San Telmo. En el Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos temen que la abstención de los trece diputados independentistas que ha desbloqueado l a investidura de Pedro Sánchez como presidente sea el salvoconducto para ahondar las desigualdades territoriales cediendo nuevos privilegios políticos y financieros a catalanes y vascos. En su empeño por refrenar su creciente desafección hacia el Estado, Sánchez se compromete a traspasar a la Generalitat cinco competencias y fondos para ejecutarlas.
Los precedentes no presagian nada bueno. La penúltima vez que el PSOE alcanzó un gran acuerdo nacional con ERC, los andaluces salieron perdiendo. Aún están pagando ese peaje en forma de déficit perpetuo para costear sus servicios públicos esenciales. Andalucía, tres veces mayor en tamaño que Cataluña y más del doble que algunos países europeos como Suiza, Holanda y Bélgica, necesita 4.000 millones de euros más al año para pagar su sanidad, educación y servicios sociales.
El modelo de financiación autonómica no cubrió el agujero económico que generaban sus competencias. Fue el fruto de los compromisos adquiridos en julio de 2009 por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , con los nacionalistas catalanes, que permitieron al presidente catalán, José Montilla –emigrante nacido en el pueblo cordobés de Iznájar– agotar la legislatura y a sus socios de ERC exprimir al máximo al Estado para no descolgarse del tripartito.
ERC exprimió al máximo al Estado, que transigió porque los republicanos catalanes amenazaban con abrir una crisis en el tripartito
De aquella «subasta» salió un sistema que sitúa a Andalucía, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana y Murcia, como la región con peor financiación per cápita a través de los ingresos tributarios que obtiene del Estado. La propia consejera autonómica y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo números y cuantificó en 4.000 millones el déficit financiero de Andalucía.
Pasó un lustro hasta que el Gobierno regional reconoció que los fondos eran insuficientes. En 2009, cuando se instauró el actual sistema, pendiente de revisión desde 2014, el presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, se conformó con una inyección extra de 1.795 millones. Los recursos asignados a este territorio no tenían punto de comparación con los 3.855 millones adicionales en el cuarto año de aplicación que ERC le había arañado al Estado, «5,6 puntos por encima de la media nacional», blasonó el presidente de esta formación, Joan Puigcercós .
El acuerdo salió adelante con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE. Sólo el PP y BNG se opusieron al modelo de reparto en el Congreso . Con el pacto ya cerrado con ERC, laConsejería de Hacienda de la Junta, pilotada por Carmen Martínez Aguayo, aún estaba esperando que la ministra de Economía, Elena Salgado , le comunicara la cuantía final de los 11.000 millones de euros adicionales que iba a recibir la comunidad.
El «maltrato» como eslogan
Para Andalucía, como se ha visto, el acuerdo fue un mal negocio. Pero la Junta no verbalizó su desavenencias hasta que Mariano Rajoy relevó a Zapatero como inquilino de La Moncloa.
Con Susana Díaz como presidenta andaluza desde septiembre de 2013, la financiación autonómica se convirtió en el vértice de sus reivindicaciones frente al enemigo exterior del PP. Un martillo percutor con el que la entonces aspirante a liderar el PSOE federal, que aún no había perdido las primarias frente a Pedro Sánchez , hacía oposición al Gobierno y alimentaba el sentimiento de agravio. Fruto de un eficaz y aplicado trabajo propagandístico, se instaló la idea de que el PP «maltrataba» a Andalucía con toda clase de cortapisas.
A que el mensaje calara contribuyó en parte el dontancredismo de Rajoy, que renunció a abrir el melón de la financiación autonómica cuando tocaba, temeroso de echar más leña al fuego de las crecientes tensiones territoriales. Para 2014, cuando el modelo debía revisarse, el catalanismo gobernante se había echado al monte del soberanismo con la convocatoria de consultas ilegales para lograr la autodeterminación. Con la llegada de Sánchez al poder en junio de 2018 mediante una moción de censura, el debate del reparto de los recursos fue postergado otra vez.
El actual modelo acaba de cumplir una década, un lustro más de lo previsto, y ya se han agotado las excusas para aplazar su reforma. Le tocará hacerlo a María Jesús Montero . La subasta de competencias se abrirá en el peor escenario para Andalucía. Con el independentismo subido a las barbas del Gobierno , insaciable en sus reclamaciones particulares, que le ha dispensado un tratamiento de miniestado con una mesa bilateral para buscar una salida al «conflicto catalán», previa aceptación de la terminología nacionalista.
Si a ello se suma una líder regional del PSOE, Susana Díaz, entregada a la agenda del «sanchismo» para asegurar su propia supervivencia , y un gobierno autonómico regido por la derecha por primera vez, los andaluces parecen predestinados a perder lo que catalanes y vascos acaben ganando. No sería la primera vez que les toca pagar la factura.
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