Agenda política de Andalucía: la táctica del enemigo exterior
La Junta y el Estado impugnaron treinta leyes por invasión de competencias cuando el Gobierno era de otro partido
Durante años la agenda política de Andalucía y su relación con el Gobierno central se conjugaba con un verbo: «confrontar». Se confrontaba por casi todo siempre, claro está, que en La Moncloa durmiera un presidente del PP . Fruto de ese enconado pulso de competencias a uno y otro lado de Despeñaperros, la Junta y el Estado llegaron a presentar una treintena de recursos ante el Tribunal Constitucional contra normas autonómicas y estatales. Si había un servicio en la administración que no estaba precisamente de brazos cruzados, ése era el Gabinete Jurídico.
El Ejecutivo regional impugnó la Ley de Costas , la reforma energética, la liberalización de horarios comerciales, la imposición de tasas judiciales, los copagos sanitarios, la Ley de Financiación Autonómica de 2015, o la cancelación de las oposiciones de profesores en 2012. En 2017 abrió un frente judicial incluso contra los servicios de vigilancia e inspección de los sistemas de medidas en los contadores de agua, de gas o surtidores. Ninguno de estos recursos prosperó ante el Constitucional, que solía inclinar el fiel de la balanza en favor del Estado. Pero no siempre. Tras cuatro años de conflicto, avaló las subastas de fármacos para adjudicar los principios activos más recetados por el Servicio Andaluz de Salud. En cambio, prohibió a la Junta expropiar pisos vacíos a bancos.
La confrontación fue la línea de ataque de Manuel Chaves, frente a José María Aznar, al que reclamó sin éxito la deuda histórica por el déficit en inversiones estatales en Andalucía desde los 80, deuda que Zapatero luego pagó con solares sin uso. La fórmula dio más rédito electoral que judicial. «La estrategia de confrontación nos va bien y está dando sus frutos», llegó a admitir Chaves en 1998. José Antonio Griñán y Susana Díaz siguieron usándola para marcar territorio frente a los ajustes de Mariano Rajoy que afectaban a la autonomía, en cuya bandera el PSOE se ha envuelto durante cuatro décadas. La derecha penó 37 años en la oposición su gran error histórico de haber rechazado la autonomía de primer grado en el referéndum de 1980 que cambió el modelo asimétrico del Estado.
En los últimos tiempos, Susana Díaz apostó fuerte a la carta de la financiación . Cuatro meses antes de que Sánchez desalojara a Rajoy con una moción de censura, con el apoyo de ERC, en su último Día de Andalucía como jefa del Ejecutivo, exigió «la urgente e aplazable» reforma del sistema de financiación. Un mes después, el Parlamento avaló incluso esa estrategia y aprobó, con los votos de la izquierda y del PP, reclamar los 4.000 millones anuales al Estado.
La reforma aplazada
Con Rajoy fuera de La Moncloa, mediado el año 2018, la fiebre reivindicativa de Díaz se rebajó. La reforma dejó de ser inaplazable para la líder del PSOE-A , que apuraba su mandato como presidenta. Tampoco lo era para su hasta hace poco consejera, María Jesús Montero, que tenía puestas todas sus energías en negociar los presupuestos con Podemos.
Las tornas han cambiado: por primera vez la derecha manda en Andalucía y la izquierda en Madrid. Juanma Moreno es el que demanda ahora a Sánchez otro modelo de financiación, el fin de la «intervención financiera» o el pago de 537 millones pendientes del IVA. La historia se repite de forma cíclica, pero con actores distintos. Pues, en el fondo, no hay nada que se asemeje más a un partido en el poder que otro partido en el poder.
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