Tribunales
Afectados del brote de listeriosis de Magrudis achacan «mala fe» y «manipulación» a la inspectora municipal
Consideran que «deliberadamente» concedió una «relajación en el control» de la empresa y rechazan apartarla de la causa judicial
Las personas afectadas por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, un caso investigado por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, han elevado a dicha instancia judicial su escrito de oposición a la petición de la Fiscalía para que la causa sea sobreseída provisionalmente respecto a la inspectora veterinaria del Ayuntamiento investigada en las actuaciones.
En dicho escrito de las acusaciones particulares, promovido por Facua Sevilla o el abogado Germán Grima entre otros, en representación de numerosas personas afectadas de un modo u otro por el brote, las mismas avisan de que «la petición (de la Fiscalía) de sobreseimiento provisional de varios de los investigados se basa exclusivamente en las palabras exculpatorias que pronunciaron en su declaración, cuando obran en las actuaciones indicios racionales de criminalidad».
Especialmente, en este escrito recogido por Europa Press señalan el caso de la inspectora veterinaria municipal M.J.O., pues a juicio de las acusaciones particulares, en las diligencias median documentos que reflejan que dicha investigada habría participado en que Magrudis «continuase con su producción, incumpliendo de forma flagrante la normativa destinada a la protección de la salud pública», lo que «desembocó en el grave brote de listeriosis», toda vez que la Fiscalía pide eximir a esta funcionaria municipal por «la de medios del servicio de Inspección y la sobrecarga de trabajo».
Las acusaciones, empero, señalan dos actas de inspección de Ojeda que presentan « graves carencias y omisiones que permiten acreditar que de forma presuntamente deliberada , otorgó a las mercantiles imputadas una relajación en el control (...), así como una extensión en el tiempo para realizar nuevas inspecciones, obviando igualmente determinadas carencias técnicas que debieron conllevar el cese inmediato de la actividad».
La funcionaria, según las acusaciones particulares, habría «manipulado presuntamente con mala fe los datos en las actas de inspección» para «dilatar en el tiempo las inspecciones (...) a fin de aliviar de forma artificiosa la carga de trabajo por la falta de personal para esas labores de control« y por su «propia dejadez», en «un evidente desprecio a su labor como profesional».
«Favorecer el delito»
La investigada, así, habría «favorecido el delito , ya que es altamente probable que el cumplimiento de las obligaciones de inspección y control hubiera impedido el desarrollo de la actividad de Magrudis o al menos el desarrollo de la misma con las graves deficiencias detectadas».
En el escrito de la Fiscalía, el Ministerio público pide continuar las actuaciones por presuntos delitos contra la salud pública y de defraudación del fluido eléctrico contra José Antonio Marín Ponce , dueño y administrador de hecho de dicha sociedad; su hijo y administrador único de la entidad, Sandro José Marín Rodríguez; su otro hijo Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José y la hermana de esta última, Isabel María Rodríguez Jiménez.
En paralelo, la Fiscalía no ve «acreditada» la participación en el supuesto delito contra la salud pública en el caso de los investigados A. M. L. y su hermano D. M. L. como administradores solidarios de la empresa comercial Martínez León ; de F.R.J. como comercial para Magrudis y otras empresas cárnicas; de D.M.M. como asesor financiero de Magrudis; de la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla M. J.O.B. y del arquitecto S. L. G., contratado por Magrudis para la regularización de la actividad que ejercía desde años atrás.
Al arquitecto, eso sí, le achaca no obstante un presunto delito de falsedad en documento oficial junto con José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez , a cuenta de la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento hispalense para la regularización de la actividad de Magrudis.
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