Las administraciones demoran el uso social de viviendas del «banco malo»

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio contra la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de grandes municipios, los mayores de 50.000 habitantes, y ha pedido que las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y del Fondo Social de Vivienda se destinen al alquiler social en Andalucía.

La cesión de las viviendas de la Sareb, también conocida como el «banco malo», a las administraciones se materializa a través de la firma del correspondiente convenio.

En septiembre del pasado año, la Consejería de Fomento anunció que ultimaba el acuerdo para acoger 850 inmuebles de la Sociedad de Gestión de Activos para el uso social de los mismos en Andalucía.

Fuentes del departamento que dirige el consejero Felipe López señalaron ayer que la firma del mismo no va a ser inminente. Todavía se están estudiando las zonas del territorio andaluz en las que existe una mayor demanda de viviendas sociales, para a continuación conocer si la Sareb tiene posibilidades de of ertar casas de su propiedad en dichos enclaves. Al margen de la Junta, solo el Ayuntamiento de Córdoba está asimismo en negociaciones con la Sareb.

En la queja de oficio, el Defensor pregunta a la Junta, ayuntamientos y diputaciones por la incorporación de las viviendas de la Sareb y del Fondo Social de Viviendas (fruto de un convenio del Gobierno central con los bancos sobre el parque de viviendas) para que pueden ser utilizadas por las familias con escaso poder adquisitivo.

El Defensor, señala la queja, viene reclamando la cesión de las casas para uso social «ante la necesidad de vivienda en Andalucía». Y lo ha hecho tanto en los informes de 2013 y 2014 de la institución, como en el trabajo conjunto de los diferentes defensores del pueblo, fruto de unas jornadas celebradas en septiembre pasado.

En dicho encuentro propusieron, entre otras medidas, que «debe considerarse que la Sareb y el Fondo Social de Viviendas son elementos determinantes de la política de vivienda, y que las bolsas de vivienda en su poder, así como las que se encuentran en manos de las entidades financieras, est án especialmente sujetas a la función social de los inmuebles residenciales dada la vinculación de esos activos con la política económica y financiera».

También consideran que «debe intensificarse la difusión del Fondo Social de Viviendas (FSV) y su conocimiento por el público; ampliar los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo».