Acusan a la Junta de agrandar la administración paralela con la «privatización» de servicios del SAE
El sindicato SAF acusa al Gobierno andaluz de mantener a los que entraron en la administración «por la puerta de atrás»
El proyecto de externalización del servicio de colocación de parados en Andalucía que ha puesto sobre la mesa el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha encontrado la oposición frontal de los sindicatos. Así, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha puesto de manifiesto su intención de impugnar el acuerdo de servicios del SAE para la «colaboración con agencias de colocación para la inserción laboral de personas desempleadas».
Acusan desde SAF a la Junta de Andalucía de mantener al personal que «entró por la puerta de atrás» en la administración pública de la comunidad y de «agrandar» la administración paralela por medio de agencias privadas de colocación para realizar tareas reconocidas a su propio personal funcionario».
Según el SAF, la licitación por la que se buscaban empresas externas para la colocación de parados incluye la «orientación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo , captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción del desempleado».
Sin embargo, señalan desde SAF, a los empleados de empresas privadas que lleven a cabo estas tareas solo se les exige que la mitad sean titulados universitarios y el 50 por ciento tenga «una experiencia mínima de 12 meses en programas de empleo y/o gestión de recursos humanos».
Según el SAF, en el SAE «ya existen funcionarios» para la realización de estas tareas, a lo que hay que añadir «un cuerpo funcionarial específico de Ciencias Sociales y del Trabajo , entre cuyo temario se incluyen de manera específica todas y cada una de las funciones que se pretenden privatizar ».
El sindicato reclama a la Junta de Andalucía, antes que una «privatización» de funciones del SAE , la contratación de más personal dentro del Servicio Andaluz de Salud mediante la dotación de puestos o la convocatoria de una Oferta de Empleo Público para dicho organismo público.
Desde la Junta defienden el papel de las agencias privadas en la intermediación para el empleo. Así , la Consejería de Fomento asegura que «de esta colaboración público-privada se beneficiarán al menos 4.000 personas desempleadas, fundamentalmente jóvenes entre 18 y 29 años de edad , y parados de larga duración que tienen necesidades muy específicas que limitan su capacidad de encontrar un empleo».
Para Fomento, las actuaciones de estas agencias privadas vendrán a sumarse a las realizadas por los Servicios Públicos de Empleo, incrementando el número de vacantes a ofrecer a los demandantes de empleo». De esta forma, se trata de «un modelo de colaboración complementario y en ningún momento sustitutivo de la prestación de los servicios de intermediación por parte de los Servicios Públicos de Empleo que se ha venido desarrollando en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Andalucía».
Noticias relacionadas
