Acusan a una asesora del PSOE de cobrar tasas irregulares en el tanatorio de Punta Umbría

Un escrito dirigido el pasado martes al Ayuntamiento de Punta Umbría por parte del otro aspirante a la gestión del tanatorio municipal dispara las sospechas de irregularidades en torno al polémico concurso que ganó la empresa familiar de la actual asesora de la alcaldesa, la socialista Aurora Águedo. En la misiva que remitió al departamento de Contratación del Consistorio onubense, a la que ha tenido acceso ABC, el empresario José Alberto Rama Calzado denuncia que Tanatorios de Punta Umbría S.L., que ya venía prestando este servicio desde hace años bajo otra denominación (Joperive SL), ha facturado 600 euros por la utilización de salas y el servicio de capilla de las instalaciones municipales, cuando el pliego de condiciones fija la tasa en 500 euros. Es decir, estaría cobrando un 20% más a los puntaumbrieños durante años, según advierte el empresario.

«Con lo cual se está vulnerando el actual pliego y con total seguridad que ese importe ha sido facturado con anterioridad durante todos estos años», afirma el ofertante, que invita a los técnicos a comprobar «las facturas emitidas por el concesionario, recogidas en su contabilidad».

Rama descubrió este «exceso de facturación» al comprobar que el plan de viabilidad de la empresa adjudicataria reflejaba unos ingresos anuales de más de 30.000 euros «en concepto de otros servicios funerarios». «Por ahí va», apunta en su escrito, una parte de «la demasía que se está facturando a espaldas del Ayuntamiento». Este ingreso extra le ha permitido —prosigue— justificar una propuesta de inversión mejor que la suya y «ha inclinado» el concurso a favor de Tanatorio de Punta Umbría, de cuyas acciones se desprendió la asesora Rocío Pérez Flores el 7 de enero, cuando la licitación ya estaba en marcha, vendiéndoselas a su pareja, Rafael Arias.

Por otro lado, el principal grupo de la oposición, Unidos por Punta Umbría (UPU), ha presentado tres recursos de reposición contra la adjudicación y la prórroga del servicio en 2014 a la entidad Joperive con un cambio de titularidad que habría dejado sin validez el acuerdo. Advierte al menos dos incumplimientos legales: la prohibición de contratar servicios públicos con familiares de personal municipal y el encargo de la concesión a una sociedad que, con la antigua denominación, arrastra una deuda de 13.476 euros con el Ayuntamiento por el canon de concesión impagado entre 2011 y 2015. El Ayuntamiento no le ha dado por ahora respuesta.

Pérez, con la que este periódico intentó ponerse en contacto por segunda vez sin éxito, ha sido durante muchos años secretaria personal del anterior regidor, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), hasta que éste dimitió el pasado mes febrero tras ser imputado por fraude en la obtención de subvenciones para formación de la Junta.

En su escrito, Alberto Rama, que amenaza con iniciar acciones legales, asegura que la empresa adjudicataria es «el mismo perro con distinto collar», en relación al extraño cambio de denominación, e insinúa que el concurso pudo estar dado de antemano porque en una visita que realizó al tanatorio antes de resolverse el concurso, el padre de la asesora le comentó que en breve iba a arreglar unas goteras.