CASO INVERCARIA
La acusación del PP reduce a dos años la petición de cárcel para los enjuiciados en Invercaria
Inicialmente, la acusación popular solicitaba seis años de prisión para el expresidente de la entidad pública Tomás Pérez-Sauquillo y dos exdirectivos Antonio Nieto y Juan María González, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González
El abogado del Partido Popular de Andalucía en el caso de Invercaria ha vuelto a sorprender. En el juicio contra cuatro exdirectivos de la empresa pública de capital riesgo de la Junta , entre los que están el expresidente Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director financiero Antonio Nieto, el que fuera director de Promoción Juan María González, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González , y Cristóbal Cantos, otro exdirectivo, la acusación popular que ejerce el PP-A en esta macrocausa ha modificado sus peticiones de pena para los tres primeros. Contra Cantos no dirigía su acusación.
Wenceslao Moreno, abogado del PP-A en este macrocausa de corrupción que salpicó a los gobiernos socialistas en la Junta , pedía al inicio del juicio en esta pieza, conocida como la de personal, seis años de cárcel para Pérez-Sauquillo, Nieto y González por delitos de prevaricación y malversación.
Ayer fue el momento procesal oportuno para modificar las conclusiones por parte de las acusaciones antes de elevarlas a definitivas y el PP-A no modificó las suyas . Sin embargo, este martes, en su informe final, momento procesal en el que no corresponde, ha cambiado sus peticiones de pena.
Hoy ha retirado la acusación del delito de prevaricación para Nieto y González y ha rebajado su petición de cárcel para los tres por el delito de malversación, pasando de seis a dos años de cárcel.
Caso Juana Martín
No es la primera vez que la acusación popular del PP-A en Invercaria ofrece un último giro que sorprende a las partes personadas. En el caso de Juana Martín, retiró todos los cargos contra la modista cordobesa, el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y el exdirectivo de la empresa pública de la Junta de Andalucía, Antonio Nieto. Finalmente, el tribunal los absolvió a todos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción , como anunció en la sesión de ayer lunes, ha incorporado un nuevo supuesto delito de falsedad documental respecto a los acusados. Mantiene la petición de seis años de cárcel para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación y seis años para el ex director financiero Antonio Nieto por prevaricación. Rebaja la penas solicitadas para el sobrino de Felipe González y para Cristóbal Cantos. Ahora los considera cooperadores necesarios y no autores del supuesto delito de malversación. Reclama un año y once meses para González Mejías, mientras que para el exdirector de Promoción Cristóbal Cantos solicita un año y nueve meses. También les imputa falsedad documental.
Decisiones «al libre albedrío»
El fiscal anticorrupción, en su informe final, ha ofrecido un recorrido por los hechos enjuiciados y por la participación que le adjudica a cada uno de los cuatro acusados, entre los años 2005-2010.
Sobre Pérez-Sauquillo ha afirmado que, como presidente y consejero delegado de Invercaria, tomó decisiones en materia de contratación, retribuciones y aumento salariales «al libre albedrío» , sin cumplir los requisitos legislativos. Hacía caso omiso a las leyes presupuestarias.
El expresidente de Invercaria y su director financiero, Antonio Nieto, «contratado por la relación de amistad entre ambos y no por la formacion académica», se subieron los sueldos entre 2005 y 2010 sin criterio alguno. Pérez Sauquillo pasó de cobrar 108.000 euros en 2006 hasta 142.500 en 2007; 152.000 euros en 2008 y 140.000 euros en 2009. En el caso de Nieto su sueldo de cuadruplicó , pasando de 26.000 euros a 106.000 euros en 2009.
Los dos alegaron en el juicio que estas subidas estaban consultadas y aprobadas por IDEA, socio único de Invercaria, pero el ex director general y su ex director de Recursos Humanos lo negaron. Pérez-Sauquillo actuó con «desdén por el cumplimiento de la ley , contraria a derecho de forma grosera».
Enriquecimiento propio
Se atribuyeron sueldos y subidas «injustas y con perjuicios para los fondos de Invercaria». Buscaban enriquecerse, según el fiscal, como también lo hicieron Cantos y González, con la condonación de los préstamos solicitados. «No había motivo ninguno más que enriquecerse» para justificar esas subidas.
Según el representante del Ministerio Público, Nieto confección « unas nóminas manipuladas para justificar de forma burda los complementos de destino » con los que éste y Pérez-Sauquillo pretendieron justificar el incremento de sus salarios. Un complemento que, en palabras del ex director general de IDEA Miguel Serrano Aguilar, no estaba contemplado para los directivos.
Juan María González se incorporó en 2005 a Invercaria como director de Promoción procedente de la agencia IDEA con un sueldo de 60.100 euros anuales . En realidad su trabajo no lo desarrollaba para la sociedad de capital riesgo, que le pagaba la nómina, sino para el Observatorio de Innovación de la Junta, un órgano consultivo que realizaba planes estratégicos. Nadie le puso ninguna «duda de legalidad» por cobrar de un sitio y trabajar para otro, indicó. En su declaración, relató que su cese fue «pactado» con la empresa a cuenta de «desavenencias profesionales».
En el momento de su extinción tenía pendiente de devolver 27.406,25 euros de un préstamo personal concedido con anterioridad. Según el juez instructor y la Fiscalía, el presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y Nieto, ambos acusados en esta pieza, decidieron «condonarle esa cantidad». González Mejías lo negó de forma categórica.
El también exdirectivo de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos defendió que saldó en su totalidad otro préstamo personal de 30.000 euros a cinco años y sin intereses que le había concedido la entidad pública en julio de 2007, bajo condiciones que estaban predeterminadas. Aseguró que se lo había pedido directamente a Pérez-Sauquillo tras «enterarse por los pasillos de que se estaban dando esos préstamos a trabajadores y directivos». Cantos negó que le condonaran dicho préstamo y, como a otros trabajadores, la empresa aplicó subidas saliariales que él no había solicitado y que atribuyó al aumento de la carga de trabajo. «Yo era un receptor pasivo», declaró ante el tribunal.
Para la Fiscalía hubo voluntad entre los acusados para el enriquecimiento de Cristóbal Cantos y Juan María González con la condonación de los préstamos .
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