CASO ERE ANDALUCÍA
El abogado de Griñán y Susana Díaz recusa al juez que redactó la sentencia del caso ERE
José María Calero, letrado del exfutbolista Pizo Gómez, veta al magistrado Calle Peña en otra pieza separada de la macrocausa y duda de su imparcialidad
El juez Juan Antonio Calle Peña , que redactó la sentencia del caso ERE que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por urdir un sistema «ilegal» y «fraudulento» de ayudas, ha sido recusado en otra pieza separada de esta macrocausa penal de corrupción por los abogados que representan al exfutbolista José Antonio Gómez Romón, más conocido como «Pizo» Gómez , y al exdirector gerente de la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), Miguel Errecalde Treviño , por los fondos públicos que beneficiaron a esta sociedad y al excentrocampista del Osasuna y del Atlético de Madrid.
En los escritos presentados ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a los que ha tenido acceso ABC, los letrados José María Calero y Javier Sáenz de Santa María Basco solicitan que el magistrado, designado como ponente en el juicio de la causa separada de Cenforpre, sea apartado porque, a su juicio, ha perdido la «apariencia de imparcialidad» tras la resolución que condena, entre otros, a dos expresidentes de la Junta y del PSOE federal, Manuel Chaves y José Antonio Griñán por delitos continuados de prevaricación y/o malversación de casi 680 millones de euros.
Se da la circunstancia de que la defensa de Pizo Gómez en la pieza de Cenforpre, que está pendiente de enjuiciarse, la ejerce el letrado José María Calero Martínez, quien a su vez representa desde el pasado mes de diciembre al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y prepara el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra su condena. En una contundente sentencia, conocida el pasado 19 de noviembre, los jueces Juan Antonio Calle Peña, Encarnación Gómez y Pilar Llorente impusieron a Chaves una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que su sucesor en la Presidencia de la Junta fue sentenciado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE.
Calero Martínez defiende también a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , en las acciones penales ejercidas contra ella por el abogado del PP andaluz en el caso ERE, Luis García Navarro , que acusa a la dirigente socialista de supuestos delitos de injurias y/o calumnias por las declaraciones que realizó en la comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos celebrada en el Senado el 8 de noviembre de 2018.
La expresidenta de la Junta aseguró que a García Navarro «le despidieron automáticamente» como secretario adjunto de la RTVA, porque «en lugar de estar trabajando en su puesto de trabajo en Canal Sur era el letrado que representaba al Partido Popular en la acusación», palabras de las que no se ha retractado en el acto de conciliación previo a la presentación de la querella.
La letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó el miércoles 15 de enero una diligencia de ordenación por la que informa a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de las partes en el proceso sobre la recusación planteada por ambas defensas contra el magistrado y les da un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a su notificación para que manifestaran su adhesión u oposición a las causas alegadas para apartarle.
El abogado de Pizo Gómez asegura que se vulnera el derecho de su defendido a un juez imparcial
En el incidente de recusación presentado en nombre de Pizo Gómez, José María Calero argumenta en alusión a Calle Peña que «se trata de un juez contaminado al haber formado ya juicio o criterio sobre esos hechos, viéndose comprometida la necesaria imparcialidad que sus altas funciones jurisdiccionales exigen» por lo que formula una recusación en nombre de Pizo Gómez «en ejercicio y defensa de su derecho a un juez imparcial».
En el escrito de 21 páginas al que ha accedido este periódico, el letrado Calero Martínez recuerda que 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz fueron condenados por crear y mantener un sistema fraudulento de ayudas. Por lo tanto, «tendrá sin duda más bien un interés directo o, en todo caso indirecto, en que su anterior pronunciamiento no quede desmentido o contradicho como erróneo o falso » en el juicio que ha de celebrarse contra su defendido.
Señala este abogado que «es obvio que si el magistrado recusado absolviera en este causa a los aquí acusados, estaría haciendo un pronunciamiento contrario al que ya ha hecho». «Ni principios de defensa social, ni criterios justicieros de puro populismo judicial pueden ocultar la realidad de que, a salvo de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto los pronunciamientos condenatorios de los funcionarios que abonaron a Cenforpre la cantidad de 491.424,43 euros precisamente por abonarla en el modo que lo hicieron, tal condena fuerza, anuncia, preconiza, sugiere, exige y necesita de la condena de los particulares que la recibieron», expone en su escrito. Anticipándose a la posible condena de su defendido, José María Calero alega que «ambas decisiones de culpabilidad» están vinculadas.
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, el 1 de agosto de 2007, a través del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, «se suscribieron sin sujeción a procedimiento alguno» una serie de ampliaciones de pólizas, siendo el tomador la Consejería de Empleo y figurando como asegurado Pizo Gómez, que, por cuenta de Cenforpre, percibió en concepto de rentas mensuales hasta abril de 2008 la cantidad de 176.909,73 euros como beneficiario de las pólizas. Asimismo, percibió 314.514,70 euros como resultado de la compra por el Consorcio de Compensación de Seguros del crédito correspondiente al mismo como beneficiario de los capitales diferidos previstos en las pólizas como resultado del proceso de liquidación de la entidad Fortia Vida a cuota fija.
La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, procesó al ex futbolista por una ayuda de 491.424 euros que no le correspondía y que le concedió la Junta de Andalucía entre 2007 y 2008 a través de la sociedad guipuzcoana Cenforpre.
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado cinco años de cárcel y 15 años de inhabilitación para el exfutbolista, al que atribuye supuestos delitos de prevaricación y fraude en concurso medial con un delito de malversación. En la misma pieza están acusados el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero , ya condenado en la causa política del caso ERE, y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.
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