CASO ERE ANDALUCÍA
El 70 por ciento de ayudas de la Junta de Andalucía fueron a empresas que no tramitaron ningún ERE
Los peritos del Estado declaran que sólo el 30 por ciento de las subvenciones se destinaron a ajustes laborales
Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han declarado en el juicio de la pieza política que el 70 por ciento de las 270 ayudas concedidas durante diez años con cargo al fondo de los ERE fueron a empresas «que no tenían la más mínima relación con la tramitación de un ERE o con un plan de jubilación». «Sólo el 30% restante la tienen», ha explicado este miércoles por la tarde el jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión.
Aunque las órdenes ministeriales estipulaban que los beneficiarios de las ayuda s debían ser los trabajadores y «no las empresas», el mayor montante de fondos repartidos entre 2001 y 2010 fue a parar a empresas que no habían tramitado un proceso de ajuste laboral. La casuística es «enorme», según indicó.
En contra de lo que mantiene la Junta, que diferencia entre la figura jurídica de las subvenciones y de las ayudas, para el perito del Estado se trata de «subvenciones, radicalmente sí , y para su concesión tiene que aplicarse la normativa de subvenciones».
Los peritos de la IGAE conceden al Consejo de Gobierno andaluz, el máximo órgano del poder ejecutivo en la Comunidad, un rol determinante en el rompecabezas de los ERE, el proceso que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta, incluidos dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán . El jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión, rechazó la estrategia de los peritos de las defensas de Griñán y de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que depositaron todo «el poder decisorio en materia presupuestaria» en el Parlamento, que convalida las cuentas.
El autor de 275 informes que han servido de base a las tesis acusatorias —junto con otros tres interventores del Estado— echó por tierra esta idea. Preguntado por el fiscal, Turrión contestó que el Consejo de Gobierno de la Junta «indujo a error» o confundió a la Cámara autonómica, a la que elevó, para su aprobación, unos «presupuestos fraudulentamente elaborados».
El interventor citó tres leyes, aunque «hay más de 40 normas y más de 20 leyes», para defender que las transferencias de financiación se emplearon ilegalmente «para conceder subvenciones y para pagarlas». Mediante las transferencias, la Consejería de Empleo enviaba a la agencia IFA/IDEA el dinero para pagar las subvenciones que aquélla concedía.
La clave de bóveda de la corrupción que se produjo en los ERE (falsos trabajadores, comisionistas, empresas afines que recibieron ayudas sin destino claro) se asienta precisamente en este galimatías técnico: el uso delictivo o no de las transferencias de financiación que deberá determinar el tribunal. El perito del Estado aclaró que por el calificativo de «fraudulento» se refería al significado que le da la RAE al término: «engañoso o falaz» .
Esta puntualización se produjo después de que Juan Ramallo, el perito propuesto por la defensa de Álvarez, reprochara a los interventores del Estado que induzca a la confusión al tribunal al «hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprobaba una ley fraudulenta o errónea ». Turrión negó después tal extremo. Juan Zornoza, que junto a Miguel Ángel Martínez Lago asiste como perito a Griñán, secundó esta idea: «Cuesta mucho pensar que el Parlamento pueda ser engañado.
Los peritos de Griñán echaron la culpa al exinterventor general de la Junta (también acusado en el proceso) por no actuar en las irregularidades de los ERE. Fue después de que Ángel Turrión dijera que no había expediente de gasto en estas ayudas, por lo que era «imposible» que el interventor las fiscalizara previamente, como marca el procedimiento legal. Zornoza discrepó: «Se puede intervenir contra cualquier autoridad que haya contraído obligaciones sin crédito».
El magistrado Juan Antonio Calle Peña, preguntó a los peritos cómo se puede fiscalizar algo de lo que no hay constancia. Martínez Lago contestó que ese control interno es posible. «Los interventores hubieran podido llevar a cabo actuaciones frente a irregularidades». Culpó al interventor hasta de no poner en marcha la base de subvenciones aunque el fiscal le recordó que es el órgano gestor el responsable de registrarlas en el sistema. «Si se crea esa base pero no se pone en funcionamiento, no hay que buscar nada más que las responsabilidades en quien no cumple con sus obligaciones legales», añadió en alusión al exinterventor general, que estaba presente en el sala.
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