corrupción
El primer beneficiado por la rebaja penal de la malversación es un condenado del PSOE
La Audiencia paraliza la entrada de Pérez-Sauquillo en la cárcel mientras se revisa el caso por la reforma del Código Penal
Suspendido el ingreso en prisión de Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria

La reciente reforma penal impulsada por el Gobierno para satisfacer las exigencias de sus aliados independentistas en Cataluña ha servido, de momento, para que un antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE se libre de pisar por ahora ... la prisión. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido detener la cuenta atrás que había iniciado el pasado 23 de enero, cuando requirió a Tomás Pérez-Sauquillo, presidente de Invercaria entre 2005 y 2010, su ingreso en la cárcel para cumplir la pena de tres años y medio de reclusión impuesta por dicha sala, ratificada después por el Tribunal Supremo. Fue sentenciado en una pieza de la macrocausa de corrupción centrada en la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía denominada Invercaria.
Mediante un auto dictado el pasado 2 de mayo, los magistrados de la Audiencia han dejado en suspenso su encarcelamiento «hasta tanto se tramite la revisión de la sentencia», después de que el abogado de Tomás Pérez-Sauquillo solicitara una rebaja de la pena «hasta dos años y un día de prisión» apelando al cambio legislativo, que introduce modalidades atenuadas de desvío de fondos públicos pactadas por el Gobierno y ERC.
Pérez-Sauquillo está condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos relacionado con la concesión de un préstamo irregular de 100.000 euros concedido a la empresa Aceitunas Tatis para poner en marcha una «línea erótica» de olivas de mesa y encurtidos, dinero que nunca fue devuelto.
La sentencia apreció «arbitrariedad» y un «ejercicio de poder injustificado y abusivo» en la concesión de dicho crédito que, asevera, causó un «perjuicio» económico irreparable a la Administración autonómica.
El expresidente de Invercaria alegó que el cambio legislativo abre la puerta a una revisión de su sentencia
La sala que condenó a Pérez-Sauquillo estima parcialmente el recurso de súplica que había presentado su defensa para esquivar la prisión. Solicita a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones que «en el término de diez días» se pronuncien, sobre la petición del condenado para que se le aplique «la norma más favorable respecto del delito de malversación de caudales». Con toda seguridad, el Ministerio Público se va a oponer a la rebaja del castigo, siguiendo las pautas que marcó en el mes de enero la Fiscalía General del Estado a través de un decreto con el que trataba de evitar que la aplicación de la norma generase espacios de impunidad.
Empeoramiento de la salud
Entre tanto, la reforma penal es el primero de los dos motivos que esgrime la Audiencia para frenar su inmediato ingreso en la prisión. El segundo es el empeoramiento de la salud del condenado. Su abogado había alegado que el exresponsable de Invercaria padece una enfermedad incurable y «aporta informes médicos sobre las dolencias que le aquejan (...), pues nuevamente ha sido ingresado en un hospital con intención de ser intervenido a finales de abril», refiere el auto facilitado por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Sección Primera de la Audiencia precisa en su nuevo auto que en su recurso de súplica, la defensa del expresidente de Invercaria pedía suspender su pena de cárcel «por el extraordinario grave estado de salud» de Pérez-Sauquillo, merced al artículo 80.4 del Código Penal, que regula «la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables».
Los magistrados solicitan un informe forense y del servicio médico del centro penitenciario de Sevilla, para decidir «si, a la vista de la documentación médica aportada, el penado [Pérez-Sauquillo] puede seguir siendo tratado médicamente» en la prisión.
El pasado lunes, la Sección Cuarta de la Audiencia suspendía finalmente el juicio que tenía previsto iniciar sobre otra de las piezas separadas de la macrocausa relativa a las irregularidades de la empresa de capital de riesgo Invercaria, en este caso por los préstamos participativos concedidos a la empresa de Mancha Real, en Jaén, Electronics Devices Manufacture (EDM), por valor de 1,18 millones de euros, por la «imposibilidad de asistencia» de Pérez-Sauquillo, principal acusado en la causa, al estar ingresado en un centro hospitalario.
El ex alto cargo de la Junta en la etapa del PSOE está condenado a tres años y medio por prevaricar y malversar
La sentencia de Aceitunas Tatis es la primera condena confirmada por el Tribunal Supremo dentro de la macrocausa de corrupción de Invercaria, que investiga supuestas inversiones sin control por parte de la sociedad autonómica a empresas. Muchas de estas entidades terminaron cerrando, como la mencionada Aceitunas Tatis, que estaba ubicada en La Carolina, el pueblo donde había sido alcalde con el PSOE Francisco Vallejo, el consejero que nombró a su amigo Pérez-Sauquillo para dirigir Invercaria. La dueña de la firma jienense, Gracia Rodríguez Cortés, también fue condenada a dos años de prisión como inductora de los delitos de prevaricación y malversación.
La Audiencia instó a Pérez-Sauquillo y a la empresaria a indemnizar de forma conjunta y solidaria con 108.732 euros a Inverseed, la sociedad que ha recogido el trabajo de la extinta Invercaria. Rodríguez Cortés pidió aplazar la aplicación de la responsabilidad civil, mientras que el ex alto cargo solicitó suspenderla, toda vez que Invercaria «no ha ejercitado acusación alguna» contra él. Los jueces han desestimado esta petición porque la propia perjudicada «está pidiendo» el cobro de la indemnización. La Fiscalía ha reclamado el embargo de los bienes de ambos penados.
Otro de los motivos que alegó Pérez Sauquillo en su recurso para evitar la pena privativa de libertad es que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra las sentencias condenatorias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el Supremo. La ejecución de la pena «quedaría privada de todo efecto práctico» en caso de que fuera estimado y habría causado un «irreparable perjuicio» a la libertad del exdirectivo. Los magistrados rechazan este argumento.
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