FRAUDE
Triguero y Romera defienden ante el juez las ayudas de FIBIC en el PTA de Málaga
El juicio ha arrancado este lunes para zanjar el supuesto fraude millonario en la concesión de subvenciones para el edificio de la fundación
El fraude millonario de la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (FIBIC) en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA) se está dirimiendo desde este lunes en el Juzgado de lo Penal 11 de la ciudad. Hasta el jueves, los seis acusados aportarán sus versiones de los hechos ante la magistratura. Los dos primeros han sido el director del PTA, Felipe Romera, y el exsecretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, que han defendido sus actuaciones al frente del organismo. La Justicia intenta aclarar las supuestas irregularidades con la recepción y concesión de ayudas públicas del gobierno andaluz para la construcción del Centro de Innovación para el Bienestar Integral de los Ciudadanos (CIBIC).
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La acusación pide tres años de cárcel y más de 2,5 millones de euros de indemnización para las seis personas que se sentarán en el banquillo, entre los que se encuentran también la interventora de FIBIC, Cristina Díaz, y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Manuel Suárez. Se les acusa junto a Joaquín Torres y a Inmaculada Vera –personal vinculado a la fundación y a la tramitación de las ayudas– de un «fraude de subvenciones» por los 19,4 millones de euros que recibió la entidad para construir el edificio en Málaga, cuyo coste era de 16,9 millones de euros.
«No pensé que hubiera conflicto de intereses»
La fundación se constituyó en 2007 con la finalidad de construir en unos terrenos del PTA en Málaga el citado centro, para el que recibió varias ayudas del Ministerio de Innovación. La adjudicación de la construcción se produjo en diciembre de 2008, pero en 2010 la Intervención General del Estado realizó un informe financiero sobre la certificación de gastos de CIBIC y propuso descertificar el importe. En septiembre de 2011, una reunión del patronato –Triguero, Romera y Suárez– acuerda solicitar al gobierno andaluz una subvención excepcional de 11,5 millones de euros . Según el fiscal, parte era para el pago de los reintegros al Ministerio y otros 4,9 millones para terminar parcialmente el edificio y otros aspectos.
En esa subvención está el problema. Según la acusación debía ser tramitada por la Secretaría General de Universidades «de la que Triguero era secretario general» por lo que se trata de dirimir un presunto «conflicto de intereses» . Triguero solicitaba y concedía el dinero . «No pensé que hubiera un conflicto de intereses, porque pasó todos los filtros necesarios», ha remarcado el exsecretario de Universidades sobre este asunto. El exalto cargo de la Junta de Andalucía ha añadido que no tenía «ningún tipo de interés personal en que se recibieran las subvenciones». «Mucho menos contraviniendo cualquier norma de carácter administrativo», ha explicado Triguero.
Según la acusación, en diciembre de 2011, la fundación renunció a la subvención reglada, pese a haber cobrado 2,5 millones de euros, que devolvió. Sin embargo, pidió o tra ayuda excepcional de 15,5 millones de euros . La Fiscalía apunta a que las solicitudes se hicieron «omitiendo datos» , como que el proyecto ya había recibido dinero público antes. «Era la única manera de que la Intervención informara favorablemente a dicha subvención excepcional», afirma la Fiscalía en su escrito de acusación. Sin embargo, Felipe Romera, director del PTA, contradijo la versión del Ministerio Público esta mañana cuando negó que se «ocultara información». «La claridad es total», ha remarcado Romera, quien ha afirmado que «era una locura» dejar el edificio sin terminar y que se buscó una solución.
Finalmente, los 15,5 millones se concedieron en 2012 con el informe desfavorable de la Consejería de Economía. El gasto fue aprobado en el Consejo de Gobierno por el secretario general de Universidades, Francisco Triguero –según la Fiscalía–. Ese mismo año el edificio quedó inactivo . Ahora CIBIC se encuentra en concurso de acreedores y está inmerso en un proceso de subasta.
