Torremolinos recorta un 10% los ingresos de su plantilla, pero mantiene los de ediles y asesores
El pleno ha rechazado una propuesta del Partido Popular para rebajar el gasto político antes que tocar las remuneraciones de los trabajadores
Torremolinos tiene alrededor de 140 millones de deuda. A razón de esto, se han de realizar ajustes presupuestarios. El municipio debe tapar el agujero económico y ha elegido sellarlo con parte de las retribuciones de sus trabajadores. La propuesta del gobierno local (PSOE-Adelante Torremolinos y un ex de Cs) es rebajar un 10% las remuneraciones a toda la plantilla del Consistorio . Los empleados municipales perderán esa parte de los ingresos, en contra de su voluntad y de los sindicatos, que se reúnen en la junta de personal este viernes, ya que es el órgano con el que se tiene que negociar el recorte y no está por la labor. Y es que mientras se pretende pegar un tajo en esta partida para ahorrar 4,5 millones de euros, sigue intacto el gasto político en el Consistorio .
El capítulo de personal de esta ciudad de la Costa del Sol supone, según reconoció Maribel Tocón, concejala de Economía y Hacienda, es el 60% de la cuenta general. Esto hizo que ya en agosto pasado, sin mediar la pandemia, se suspendieran los pagos de horas extras entre los trabajadores municipales. Fue en plena temporada turística, cuando esta localidad, como todas las del litoral malagueño, multiplica su población. Ahora, en plena desescalada, hay otro recorte a los ingresos con la eliminación de las ayudas sociales a trabajadores o complementos por prolongación de jornada.
Bajar sueldos de concejales, remuneraciones de asesores o privilegios económicos de los grupos que apuntalan el gobierno local, fueron las medidas que planteó a forma de alegación el PP en el pleno de este jueves. Antes de tocar los ingresos de los trabajadores, ajustar el de los políticos con cargo a las arcas municipales. La propuesta fue votada en contra por la corporación . Eso sí, con la promesa del alcalde, el socialista José Ortiz, de que hará un plan para la reducción del gasto político del que no se tiene constancia hasta la fecha.
Una polémica más en la gestión contable de este mandato. José Ortiz se aseguró la investidura como alcalde repartiendo sueldos entre sus apoyos. El más sonado fue el de Lucía Cuín. La edil no adscrita concurrió con Vox a las elecciones, pero fue expulsada de la formación al asistir a la manifestación del Orgullo Gay. El PSOE la buscó para ser decisiva en la votación y hacerse con la Alcaldía, pese a que el PP había logrado el apoyo mayoritario de las urnas. El premio fue un sueldo de 46.500 euros al año con una dedicación parcial del 75 por ciento.
Repartidor de sueldos
Poco después, volvió a saltar la polémica al volver a ser agraciada con 1.000 euros en dietas mensuales para los gastos derivados de su labor política, además de una asesora nombrada por la Alcaldía para que le ayudara en sus labores. A eso se sumaron las gratificaciones y sueldos a «Por mi pueblo» , partido fundado por el exalcalde popular Pedro Fernández Montes para debilitar a su propio grupo municipal tras retirarlo del poder. Y no pasó mucho más tiempo, cuando una nueva fuga se sumó a la causa. En este caso fue Nicolás de Miguel, que llegó como gran promesa de Ciudadanos para gobernar la ciudad, después de su debacle como candidato a lehendakari vasco por la formación.
De Miguel se sumó a la fiesta socialista cuando «Por mi pueblo» amenazó con promover una moción de censura, si los recortes para rebajar los 140 millones de deuda afectaban a los trabajadores. En ese momento, Ortiz llegó a un acuerdo con el líder naranja que, tras abandonar el partido, se sumó al gobierno local alegando que lo hacía «por sus valores» en un cargo remunerado con 52.000 euros al año . Sin contar los concejales, la oposición estima que el gasto en asesores derivado de estas maniobras (recogido también en el presupuesto que se aprobó el jueves) supera el medio millón de euros anuales .
Mientras, Torremolinos es de los ayuntamientos que más tarde paga a sus proveedores, estimándose en 149 días la media de demora (en Málaga capital es de 22 días). Ello motivó que en marzo Endesa dejara sin luz algunas instalaciones municipales, como la escuela de música. La causa, facturas sin pagar por valor de 1,8 millones .
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