La secretaria de Alhaurín el Grande, de baja «por ansiedad» tras las amenazas en la censura fallida

La tensión tomó el salón de plenos durante la sesión que tumbó la moción de censura en el Ayuntamiento del municipio mañagueño de Alhaurín el Grande el pasado 25 de enero. La oposición estalló en amenazas hacia la secretaria municipal. La funcionaria no ha aguantado la presión, pese al apoyo recibido desde el Colegio Oficial de Secretarios , Interventores y Tesoreros de Málaga. El organismo profesional aseguró que la actuación de la citada empleada municipal de habilitación nacional «estuvo presidida por los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia». Pero las amenazas desde las filas opositoras, las presiones y la tensión han pasado factura a la trabajadora del Ayuntamiento, que no ha vuelto a acudir a su puesto laboral desde aquel mismo día. « Está con una baja médica por motivos de ansiedad », explican en el Consistorio.

El desalojo de Por Alhaurín de la Alcaldía no fructificó. La indignación se apoderó de la oposición –ASALH, PSOE, IU y María Fernández–. No encajaron bien el golpe y fueron contra la funcionaria. La culpaban de haberse levantado del pleno y haber dado por finalizada la sesión . Antonio Cárdenas, portavoz de Alternativa Socialista por Alhaurín (ASALH), llegó a hacer una acusación velada de «prevaricación» durante la sesión. «Puede que más de uno o una –precisó– esté prevaricando», aseguró Cárdenas dirigiéndose a la secretaria.

Tras acabar el pleno, miembros de Alternativa Socialista increparon a la trabajadora municipal. «Búscate un abogado» , le sugirieron los opositores, según explicaban los compañeros de la funcionaria presentes en aquel momento. «Ella es una persona tímida, que sólo se dedica a hacer su trabajo. Esto la ha sobrepasado », señalan las mismas fuentes. La secretaria no quiso dar declaraciones y se marchó del Ayuntamiento hundida por la presión y las amenazas. «Si ella nos solicita que debemos tomar acciones contra las acusaciones de prevaricación que se han vertido lo haremos», remarcó Antonia Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande tras el pleno.

Sin embargo, tras buscar la forma de emprender acciones contra la secretaria la oposición lo ha descartado. « La funcionaria no tiene responsabilidad en su actuación . Cada uno puede tener su interpretación, pero legalmente su labor es meramente administrativa», explicó Teresa Sánchez, concejala de IU, que se postulaba como alcaldesa en la moción de censura contra Antonia Ledesma. Pese a esto, los once concejales firmantes de la censura han impuesto una demanda judicial para pedir «que se repita el pleno» . «No valoramos nada por la vía penal, sólo que se vuelva a repetir el pleno con un cambio en la presidencia de la mesa de edad», señaló Sánchez.

La pelea durante la sesión fue por controlar el voto de calidad de la mesa de edad , que la legislación otorga al concejal de mayor edad. Según la interpretación de la normativa hecha por los firmantes de la censura, la presidencia debía corresponder a la socialista Marina Maldonado, concejala de menor edad de la mesa. «Estimamos que hay una vulneración de nuestros derechos», relató la edil de Izquierda Unida.

La oposición ha planteado una demanda anclada en tres pilares. Por un lado, piden una nueva constitución de la mesa de edad modificando los criterios de edad para presidirla, no para conformarla, y estableciendo la presidencia –y el voto de calidad– según un criterio de veteranía dentro de la corporación. Esta interpretación cambia la mayoría en la mesa de edad a manos del PSOE, ya que por los criterios tradiciones de conformación la presidencia corresponde al concejal de mayor edad, que pertenece a Por Alhaurín.

También plantean un agravio contra María Fernández, concejala díscola del PP , al leerse los documentos «privados» de suspensión de funciones y militancia dentro del PP. Informe que se hizo llegar al pleno, por parte de la dirección provincial del PP, para que tomara conocimiento de la suspensión de la edil y, por tanto, de la incapacidad de Fernández para votar en nombre de los populares. Dicho documento, era la razón por la que el informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento señalaba que la moción de censura había perdido la mayoría legal requerida para que fuese votada. Al dar conocimiento al pleno de este hecho se estimó que la moción de censura no cumplía la legislación , se retiró del orden del día y el presidente de la mesa de edad levantó la sesión.

En ese procedimiento también estima la oposición que hay una «vulneración de los derechos fundamentales». Según explica Teresa Sánchez, se les impidió ejercer el derecho al voto . La oposición estima en su demanda que no les dejaron votar la moción de censura y que eso va en contra sus derechos como concejales. Tras levantar la sesión, la secretaria del pleno se marchó de la sala. En un principio, cargaron contra la propia la secretaria por levantarse. Culparon a su marcha del fin de la sesión y de no votar la censura. Ahora descartan las acciones legales contra ella, pese a las amenazas vertidas . Junto con la demanda han aportado el acta de aquella sesión para que sea el juzgado quien dirima si todo se hizo ajustado a derecho.