Retiran la acusación contra el director del PTA por el fraude millonario de FIBIC

Las conclusiones del juicio sobre el fraude millonario de la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (FIBIC) en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA) deja como procesados a dos de los seis acusados en un principio . La Fiscalía ha retirado este jueves la imputación para el director del PTA, Felipe Romera, que en las vistas previas había defendido la limpieza de los procesos de adjudicación de subvenciones para la creación de un Centro de Investigación para el Bienestar Integral de los Ciudadanos (CIBIC). Junto a Romera, se levanta la imputación a José Manuel Suárez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Cristina Díaz, tesorera de la fundación, y la funcionaria, Inmaculada Vera.

Sin embargo, el fiscal mantiene la acusación para dos de los procesados por este fraude, como es el caso de Francisco Triguero, exsecretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, y para uno de los funcionarios imputados, Joaquín Torres. Para ellos el Ministerio Público rebaja la pena que se le pedía un principio de los tres años de prisión y 2,5 millones de indemnización, más la inhabilitación por el tiempo de condena. Ahora se les pide a un año y siete meses de cárcel con siete años de inhabilitación. Con las conclusiones de la Fiscalía el juicio ha quedado visto para sentencia , tras escucharse los informes de las partes.

A los dos imputados que se mantienen se les acusa de «fraude de subvenciones» y de «prevaricación» . El Ministerio Público suma este segundo delito, que en los informes iniciales no estaba contemplado, pero que sí aparecía en la acusación que formuló la Junta de Andalucía. Ahora el fiscal acoge el precepto de la administración regional y amplía el número de delitos, pese a que rebaja la petición de pena.

El Juzgado de lo Penal 11 de Málaga dictará sentencia por la gestión de 19,4 millones de euros de ayudas públicas para construir el edificio CIBIC, cuando el coste real de la obra era de 16,9 millones de euros. Según los hechos recogidos en la investigación, la fundación se constituyó en 2007 con la finalidad de construir en unos terrenos del PTA en Málaga el citado centro, para el que recibió varias ayudas del Ministerio de Innovación. La adjudicación de la construcción se produjo en diciembre de 2008, pero en 2010 la Intervención General del Estado realizó un informe financiero sobre la certificación de gastos de CIBIC y propuso descertificar el importe.

En septiembre de 2011, una reunión del patronato –Triguero, Romera y Suárez– acuerda solicitar al gobierno andaluz una subvención excepcional de 11,5 millones de euros. Según el fiscal, parte era para el pago de los reintegros al Ministerio y otros 4,9 millones para terminar parcialmente el edificio y otros aspectos. Según la acusación, la concesión del dinero debía ser tramitada por la Secretaría General de Universidades «de la que Triguero era secretario general». Triguero solicitaba y concedía el dinero . «No pensé que hubiera un conflicto de intereses, porque pasó todos los filtros necesarios», remarcó en el juzgado el acusado el pasado lunes. Sin embargo, la Fiscalía le mantiene la acusación, junto a uno de los funcionarios encargados de tramitar las citadas subvenciones públicas presuntamente defraudadas.

Según la acusación, en diciembre de 2011, la fundación renunció a la subvención reglada de 11,5 millones, pese a haber cobrado 2,5 millones de euros –dinero que devolvió–. Fue cuando se pidió otra ayuda excepcional de 15,5 millones de euros. La Fiscalía apunta a que las solicitudes se hicieron «omitiendo datos» , como que el proyecto ya había recibido dinero público antes. «Era la única manera de que la Intervención informara favorablemente a dicha subvención excepcional», afirma la Fiscalía en su escrito de acusación. Algo que negó Felipe Romera el pasado lunes en su declaración. Finalmente, los 15,5 millones se concedieron en 2012 con el  informe desfavorable de la Consejería de Economía . El gasto fue aprobado en el Consejo de Gobierno por el secretario general de Universidades, entonces Francisco Triguero, que está pendiente de que el tribunal publique la sentencia.