Narcotráfico
Un pueblo de Málaga se vuelca para que un vecino no vaya a la cárcel diez años después por una condena por drogas
Piden el indulto parcial para evitar que vuelva a entrar en prisión, después de ser detenido con cien kilos de hachís y rehecho su vida
José Miguel García asegura que lo engañaron, que no sabía que estaba dando un porte de hachís cuando lo detuvieron en 2010 en el puerto de Melilla con más de cien kilos en bolsos de deporte dentro de la furgoneta que conducía. «Fui un señuelo. Fui allí porque me dijeron que iba a colaborar con una operación de la Guardia Civil. Pero me destrozaron la vida y ahora me lo quieren volver a hacer» , lamenta. Fue condenado a tres años de prisión por tráfico de drogas. Tenía fecha para ingresar en la cárcel este lunes, pero busca un indulto parcial que le rebaje la pena y no le haga ingresar otra vez, después de haber rehecho su vida.
Él fue uno de los condenados en el caso contra el Equipo de Delincuencia Organizada (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga, donde cayó el teniente de este equipo antidroga, junto con sus colaboradores. A José Miguel se le impuso la pena por ser el conductor de uno de los cargamentos que mandaron desde Melilla a Málaga. Pudo haber sido mucho peor. En principio la Fiscalía le pedía 16 años de prisión, pero colaboró con ellos dando los nombres de las personas que le habían enviado a Melilla.
En ese momento, le rebajaron la petición de condena a cuatro años y medio. «A mí me engañaron», remarca José Miguel, que cuenta cómo fue a la Ciudad Autónoma y dejó la furgoneta en las inmediaciones del puerto, para irse a un hostal hasta que le dijeran que podía ir a por ella. Un árabe lo recogió dos días después y lo llevó hasta el vehículo, que llevó al ferry. Allí es donde lo detuvo el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional. Finalmente, fue condenado en firme a tres años y, tras los sucesivos recursos que han llegado hasta el Tribunal Supremo, ahora va a tener que cumplir su condena .
Ayuda de Cáritas
Una vez que la sentencia se hizo firme en octubre de 2019, la Justicia requirió su ingreso en prisión, pero no lo notificó bien. La orden llegó a su abogado, que presentó un recurso diciendo que se la debían remitir al propio penado. Esa comunicación no ha llegado hasta el momento, pero José Miguel sabe que está al caer. Mientras tanto, desesperado, se fue a buscar la ayuda de Cáritas en Algarrobo (Málaga), su pueblo, que se ha volcado para librarle de la prisión después de que pasara medio año en preventiva cuando fue detenido .
A través de los mediadores de Cáritas se presentó este pasado viernes una petición de indulto parcial con la idea de rebajar los tres años de condena. « Queremos que se le rebajen los cargos para que así pueda optar a un tercer grado , que evite su ingreso en prisión con las consecuencias nefastas que eso conllevaría, pero cumpliendo con la Justicia», explica Jesús Collado, que es el mediador que se ha hecho cargo de su caso.
En esta petición de indulto es donde se han volcado todos los poderes fácticos de Algarrobo. «No tenía antecedentes y no he vuelto a delinquir después de que pasara esto» , asegura José Miguel, cuya petición está avalada por la propia Iglesia de Santa Ana. Tanto el párroco Luis Chacón como el alcalde del municipio, Alberto Pérez, han suscrito la moción. Que aporta además un informe de la Policía Local explicando su vida sin delitos y otro de la Rola 2007, la empresa en la que trabaja como camionero, reconociendo su buen hacer como empleado sin conflictos.
Crisis familiar
Esos apoyos han supuesto un hilo de esperanza para no hacer pasar a su familia un infierno del que le costó años salir. «Estos diez años no he estado en la cárcel, pero libre tampoco. Es algo que está ahí y condiciona tu vida» , reconoce José Miguel García, quien señala que no quiere volver a ver depresiones en su familia. «Mi hija tenía 14 años y dejó de comer, no salía a la calle y pasó de ser una niña con buenas notas a perder dos cursos», recuerda, mientras explica que las consecuencias negativas de una nueva entrada en prisión, como el peligro de perder su casa, donde viven su esposa y su hija, que ahora ya tiene 24 años.
Volver a la cárcel le haría perder su puesto de trabajo, que complementa con 140 aguacates que han sembrado en una parcela familiar. «La empresa me ha dicho que no me puede guardar el trabajo. ¿Cómo va a pagar mi mujer la hipoteca?» , afirma García, quien explica que se ocupa de sus padres octogenarios, ya que ella tiene alzheimer y a su padre le dio un ictus que le ha dejado secuelas. «Me reparto con mi hermana. Soy el que va todas las mañanas a ponerles el desayuno y estoy atento a lo que necesiten», señala el condenado, que dice que está en la calle, pero que «es como estuviera en prisión».
El retraso de su ingreso durante una década ha hecho que José Miguel tratara de iniciar proyectos, como una plantación de aguacates en la parcela familiar. «Todo se hace con miedo, porque no sabes cuál va a ser futuro, ni cuándo vas a tener que entrar. Ya si entro y me quedo sin trabajo dejo una hipoteca, tampoco quiero dejar más préstamos ni trampas que mi familia no pueda asumir », dice José Miguel, que reza para que el indulto sea admitido y pueda seguir con la vida que construyó después de aquel error de hace diez años.
