El PSOE se salta en Marbella su propia normativa municipal para enchufar a parientes

Las designaciones socialistas como asesores municipales del novio y la suegra de la concejala de Obras y primera teniente de alcalde de Marbella, Blanca Fernández, se hicieron saltándose el reglamento que el propio PSOE estableció en el pleno del 27 de junio de 2015 para este fin. «Es inadmisible que los nombramientos vengan de la mano de un vínculo familiar», lamentó Baldomero León, concejal del PP de Marbella. Según aquella normativa, desgranada en el acta plenaria, el Ayuntamiento debería –como reza el segundo punto– «publicar el perfil requerido para cubrir cada uno de los referidos puestos de trabajo, así como un informe que justifique la razón por la cual dicho puesto de trabajo no puede ser cubierto por personal del Ayuntamiento».

Según el Partido Popular de Marbella, esto no se ha hecho con ninguno de los puestos de confianza que actualmente trabajan en el Consistorio, que cobran sueldos que van desde los 31.171 euros al año –remuneración de Dolores Acevedo, suegra de Blanca Fernández– a los 47.900 euros anuales que perciben los responsables de área, como Adrián Sánchez –novio de la concejala–.

Dolores Acevedo es una ex empleada de banca que ahora trabaja como «coordinadora de coordinadores» en el Consistorio, formó parte de la candidatura socialista a las elecciones de 2015 en el décimo puesto y tiene una relación de amistad con el alcalde, José Bernal. Por otro lado, Adrián Sánchez es desde mayo de 2016 «asesor responsable de Nuevas Tecnológicas y Administración Electrónica» . Abogado de profesión y reconocido dirigente de las Juventudes socialistas, gozó de una beca municipal para jóvenes licenciados con el PP. Su actual empleo lo ocupó después de la marcha de la edil Ana Isabel González a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía. Aquel movimiento llevó a Manuel Morales a ser concejal electo y el novio de la concejala ocupó el puesto vacante.

La normativa municipal subraya que se debe « publicar de cada uno de los elegidos sus aptitudes y experiencias que lo hacen válido para el puesto adjudicado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación pertinente sobre privacidad individual». Máxima que el equipo de gobierno trata de cumplir con la publicación de los currículos en la web municipal, pero olvidándose de adjuntar los «informes de la elección» que exige el reglamento municipal en el punto cuatro. Documento que deben redactar los partidos políticos que los proponen y que validaría al candidato para el puesto de confianza en el que va a ser nombrado por el alcalde.

ABC ha intentado ponerse en contacto con la concejala Fernández –de la que son familia los dos asesores– para conocer la versión del equipo de gobierno marbellí, incluso se hizo una petición por escrito el pasado viernes. No se ha obtenido respuesta hasta el momento.

« Esa normativa es para los directores generales . Al no ser directores no tienen que cumplir el reglamento. El equipo de gobierno sólo tiene asesores», afirma José Carlos Núñez, portavoz de Costa del Sol Sí Puede –Podemos– en Marbella. Pero lo cierto es que, en la propuesta de Podemos del 27 de junio de 2015 que aprobaron PSOE, IU y los independentistas de San Pedro, se relacionan los puestos 27 puestos de confianza municipales y no los nueve directores generales municipales, cuyo reglamento de asignación tiene dos versiones conocidas: una suspendida por un recurso de la Abogacía del Estado y la otra llevada al último pleno y en exposición pública. «Ninguna de las dos está en vigor», sentencia Baldomero León, concejal popular.

Los populares no ponen en duda «el derecho a nombrar personal de confianza». «Esa no es la cuestión, sino la forma en la que se han hecho estos nombramientos», matizó el concejal popular, quien aseguró que el equipo de gobierno debería «haber aportado los informes sobre las personas seleccionadas que exige la normativa».

«Un nombramiento no puede estar motivado por un lazo familiar», remarcó Baldomero León, concejal del PP de Marbella, quien recuerda que, durante la redacción del «código de buen gobierno» del Consistorio, el Partido Popular propuso en la alegación número 38 de este documento «revocar cualquier nombramiento de aquel personal de confianza o asesoramiento que tenga parentesco, consanguineidad o afinidad». «La Secretaría nos dijo que quedaba al criterio político. El PSOE y sus socios no nos lo aceptó», añadió León, quien en consecuencia con esta petición frustrada por los socialistas cree que los cargos con lazos familiares en el equipo de gobierno «deberían dimitir».