Urbanismo
El PP acusa a la Junta de no aclarar el futuro de las casas de Mijas que iba a regularizar
Le censura que no diga ni cuándo ni cuántas se beneficiarían de la modificación de la LOUA
El PP denunció este martes que, tras dos meses esperando respuesta, la Junta de Andalucía «no aclara» cuándo ni cuántas viviendas de Mijas construidas en el campo serán regularizadas con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) anunciada por la presidenta Susana Díaz en 2014.
La parlamentaria popular Esperanza Oña –el pasado 3 de diciembre- registró en la Mesa del Parlamento de Andalucía tres preguntas parlamentarias en las que, en primer término, recordaba que el Ayuntamiento –cuando era dirigido por el PP– inició un proceso de regularización, tutelado por la propia Administración autonómica, que detectó unas 4.200 construcciones irregulares erigidas en el campo mijeño. Esta acción iniciada por el exregidor, Ángel Nozal, junto con los cambios normativos anunciados por la presidenta Díaz, podría dar lugar a la regularización de en torno al 80 por ciento de las viviendas situadas en suelo no urbanizable.
Por ello, Oña preguntó expresamente sobre los plazos que manejaba el Gobierno andaluz para su tramitación y aprobación definitiva, así como las consecuencias directas en el caso de de este municpio para trasladar esta información a los miles de vecinos afectados y acelerar, en lo posible, el proceso regularizador.
Sin embargo, la respuesta del propio consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, no concreta ni los plazos, ni a cuántas viviendas afectaría, ni si esta acción regional daría fin, «de una vez por todas», al problema y la incertidumbre que viven miles de familias de Mijas y Andalucía.
De hecho, según señalaron los populares en un comunicado, tan sólo dice que el 9 de febrero finalizó el periodo de enmiendas al articulado, que el documento está «en sede parlamentaria» y que corresponde al Ayuntamiento de Mijas «realizar las actuaciones que la normativa en vigor, junto con la modificación legislativa en trámite», establecen.
El consejero también afirma que es responsabilidad del Consistorio la «identificación, cuantificación y reconocimiento de la situación jurídica» de cada una de las edificacione s erigidas en suelo no urbanizable.
