Piden diez años de prisión para Muñoz y Roca en otra causa por irregularidades urbanísticas
En esta causa se investigan las supuestas irregularidades en los acuerdos urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Marbella con la sociedad Marina Mariola
La Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicita 10 años de prisión para el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y el que fuera gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca en otra causa por presuntas irregularidades urbanísticas a través de la firma de varios convenios con una sociedad para construir un edificio de viviendas.
En concreto, en esta causa, se investigan las supuestas irregularidades en los acuerdos urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Marbella con la sociedad Marina Mariola , el primero en abril de 1995, de cesión de excesos de aprovechamiento, el cual fue modificado posteriormente en junio de 1997, generando otro exceso distinto.
En sus conclusiones provisionales, fiscal sostiene que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, «que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían», gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio».
Así, en el escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que Muñoz, como regidor accidental, fue «persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento»; mientras que Roca era el «verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral».
A nivel general, el fiscal señala que todos los implicados «creían tener coartada» : el alcalde, «porque no firmaba nada»; el regidor accidental «que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad»; el gerente, «que no tenía cargo público»; y los ediles, «porque no entienden de urbanismo». «Y todos confiados en la impunidad que creían que les aseguraba la mayoría absoluta de los votos ciudadanos», dice.
En esta causa también se acusa a un empresario , como responsable de la sociedad, a quien, como a otros, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, «el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios», les seguían «siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos».
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