Tribunales
Once años sin castigo en Málaga para el oscuro crimen de Lucía Garrido
Apareció muerta en la piscina de su casa en 2008 en un caso con testigos asesinados, drogas, armas o pruebas destruidas
A Lucía Garrido la golpearon con un ladrillo en la cabeza, la apuñalaron, ahogaron y le arrancaron los pendientes. Apareció muerta, flotando en la piscina. «Nos dijeron que había sido un suicidio» , explica Rosa Garrido, hermana de la difunta, cuyo cadáver fue hallado el 30 de abril de 2008 en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre. «Fue el forense el que nos dijo que era un asesinato» , reconoció su hermana este miércoles en rueda de prensa. La familia será acusación particular en un proceso judicial que por fin se iniciará el 18 de septiembre 2019. El jurado popular se constituirá el 16 de septiembre y tendrá que arrojar luz sobre un caso que parece sacado de una novela negra.
La víctima temía que la mataran. Había denunciado hasta en cuatro ocasiones a su marido por malos tratos y llegó a pedir una orden de protección que no se le llegó a conceder nunca. «A Lucía se le aisló, desacreditó y asesinó» , señaló Ignacio Carrasco, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Málaga, que también se presenta como acusación particular, ya que en la muerte hay encausados dos agentes de la Guardia Civil.
Más de una década y cinco jueces después , los acusados se sentarán en el banquillo para responder sobre el crimen de Lucía. Lo hacen en un proceso en el que, como denunció la AUGC, se han perdido testigos protegidos. «Nos dijeron que los dos testigos protegidos habían sido asesinados, pero el último juez que se ha hecho cargo del caso nos comunicó que habían matado a uno de los testigos y que había otro sin identificar por motivos de seguridad», afirmó Ignacio Carrasco.
Pruebas destruidas
En estos años se han destruido pruebas y se han perdido otras, que no se han podido recuperar. «Los DVD de las grabaciones de las conversaciones intervenidas al exmarido de Lucía y sus socios estaban rayados cuando los recibimos años después de solicitarlos», añadió Carrasco, quien también dijo que había solicitado un listado de las llamadas que hizo la expareja de Lucía Garrido aquel día. «Esas pruebas nos dijeron que se conservaban en papel y que se perdieron en una inundación en la Comandancia de Málaga», explicó Carrasco.
Las dos acusaciones pedirán penas por asesinato . Por un lado, se solicita entre 18 y 20 años para los tres inductores, que serían los dos guardias civiles y el marido de la fallecida. La Fiscalía, por su parte, no acusa a la expareja de Lucía en este proceso. Por otro lado, estaría el autor material de la muerte, que sería un varón detenido en Mijas para el que se piden 25 años de cárcel por asesinato. «Lamentablemente en este tiempo han prescrito los supuestos delitos por malos tratos », abundó Carrasco, que pasó a narrar un complicado periplo hasta llegar a señalar el juicio.
Para la familia de Lucía el móvil es que la mujer se había quedado la propiedad de Los Naranjos tras romperse la pareja. Según la acusación particular, esta vivienda era el centro de turbios negocios. Carrasco narró entre, otros aspectos, que allí había un centro de venta ilícita de animales exóticos , que se vendían perros o que servía para ser guardería de droga . «Un negocio que le daba unos 40.000 euros al mes al marido de Lucía», cuantificó Carrasco.
Un «zoo» ilegal
Según explicó su hermana, Lucía habría tenido una resolución para quedarse con la casa y eso ponía en peligro los negocios. Por lo que acusan a la expareja de ser el «principal instigador de su asesinato». Algo que tendrán que demostrar, en contra incluso, del criterio de la Fiscalía que no lo ven parte activa de este crimen de complicada resolución. Era un escollo para la expareja de Garrido, que está pendiente de la confirmación en el Supremo de una condena por tráfico de drogas, tras una operación contra el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Málaga.
No es el único antecedente criminal, ya que un año después de la muerte de Lucía su exmarido mató supuestamente a dos colombianos en la misma finca Los Naranjos. El caso está pendiente de juicio, pese a que al principio se trató de cerrar como defensa propia. Y puede estar conectado con otro reciente de tráfico de armas sacadas del depósito de la Guardia Civil y modificadas para ello.
«Nos enfrentamos a una mafia policial» , remarcó la hermana de la fallecida. Un difícil entramado cuya investigación de Asuntos Internos en la Guardia Civil se denominó «Yedra» por sus ramificaciones. «Quiero confiar en la Justicia, pero me lo tendrán que demostrar», sentencia Rosa Garrido.
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