Coronavirus en Málaga
Oleada de apoyos al instituto de Málaga que expulsó a dos alumnas por negarse a llevar mascarilla
El Equipo Directivo del centro cuenta con el respaldo de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía y la Unión Sindical de Inspectores de Educación
El debate está servido en la esfera educativa de Málaga tras la expulsión la pasada semana de dos alumnas de un instituto de Rincón de la Victoria por negarse a llevar la mascarilla durante la media hora del recreo. La medida ha desatado la polémica en redes sociales, donde muchos han cuestionado si prevalece la obligación de acatar las medidas sanitarias o el derecho a la educación de las alumnas.
El Equipo Directivo del centro -el IES Ben Al Jatib- ha recibido ya el respaldo de la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía (Adián), que ha denunciado el «sinsentido» que está viviendo la dirección por limitarse a cumplir la normativa vigente. En un comunicado, han manifestado su «rechazo más absoluto» a las actitudes «antisociales y manipuladoras» de las alumnas expulsadas y su familia.
El centro adoptó esta medida disciplinaria después de que las adolescentes se negaran reiteradamente a llevar la mascarilla de acuerdo a los protocolos establecidos para contener a la Covid-19. El padre de las menores, que ha llevado a los juzgados a la dirección, se aventuró a denunciar el caso en las redes sociales colgando un vídeo en el que defendía el derecho de sus hijas a «no ir con un bozal» y donde acusaba al equipo del centro de adoptar una «actitud dictatorial».
Desde Adián han denunciado que esta actitud supone un «desprecio» hacia la labor profesional del equipo docente, el resto de personal y las familias del centro, instando a que sea «vigilada por autoridades». La propia Consejería de Educación ha respaldado la medida, señalando que responde «a la acumulación reiterada de conductas contrarias a las normas de convivencia».
La delegada en Málaga, Mercedes García Paine, se pronunció al respecto el pasado jueves, asegurando que «si alguien no cumple y se salta el plan de convivencia y los protocolos de prevención de la salud, se activan los mecanismos oportunos como siempre ocurre». Según García Paine, se trata de una cuestión de «respeto, educación, solidaridad y de responsabilidad compartida . Valores de los que la comunidad educativa está haciendo gala en esta pandemia».
Cabe recordar que en el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el curso 2020-21, la mascarilla se instauró como obligatoria a partir de los 6 años de edad, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal y sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.
La denuncia del progenitor a través de redes sociales ha puesto en pie de guerra a la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (Usie), después de que se difundieran imágenes y conversaciones telefónicas sin autorización que afectan a dos miembros del Cuerpo de Inspectores.
«Solicitamos a la Administración Educativa que proceda, de oficio, a iniciar un procedimiento de remisión a la instancia judicial pertinente los hechos ocurridos», ha señalado Usie-Andalucía en un comunicado, donde se acogen a la Ley Orgánica de Educación para defender el derecho de los inspectores a ejercer su actividad con la ayuda y colaboración de las autoridades.
Este mismo lunes la Consejería de Educación ha hecho público que va a poner en conocimiento de la autoridad judicial toda la información recabada acerca de este caso. El consejero, Javier Imbroda, ha trasladado hoy en conversación telefónica su apoyo y el de todo su departamento al director del centro y su equipo directivo.
Ha asegurado que no va a permitir «bajo ningún concepto» que ningún docente, equipo directivo o miembro de la inspección educativa se sienta amenazado en el desempeño de sus funciones , entre las que están «velar por el cumplimiento estricto de las normas de convivencia y los protocolos de prevención de la salud en plena pandemia», y que han contribuido a garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa «en el curso escolar más complejo de la historia».
Debate
La expulsión de estas dos alumnas ha abierto un agitado debate en las redes sociales en cuanto a la pertinencia de la sanción. Hay un amplio consenso entre quienes defienden el cumplimiento de las medidas sanitarias y son partícipes de combatir las actitudes negacionistas.
Artículo 43
— Mateo campos (@mateomestre) February 13, 2021
Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Otros usuarios, sin embargo, han planteado que legalmente podría prevalecer el derecho constitucional de las menores «a la educación y a la no discriminación». El caso se ha llegado a comparar con la decisión de permitir que personas contagiadas puedan acudir a las urnas en Cataluña por ser superior su derecho al voto frente a la normativa sanitaria.
El mismo argumentario que han usado los jueces para permitir, en época de pandemia, que personas contagiadas puedan acudir a votar presencialmente en Cataluña porque, según dicen, es un derecho superior a la normativa sanitaria o al estado de alarma.
— Jordi Martí (@xarxatic) February 13, 2021
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