TURISMO

Nueva guerra en Puerto Banús con los empresarios de las terrazas

Amenazan con un aluvión de querellas antes del 31 de diciembre por la subida del canon que plantea la concesionaria

La guerra está abierta en uno de los emblamas del lujo en Andalucía J.J.M.

J.J. Madueño

El 31 de diciembre caducan los contratos anuales de 170 terrazas de Puerto Banús. Los arrendamientos de estos espacios se han venido renovando por un año con un contrato simple que ahora sufre cambios. Los arrendatarios de esas terrazas, que son en muchas ocasiones el 80 por ciento de sus negocios porque los locales son muy pequeños, tienen dos opciones: negociar un canon al alza como el que propone Puerto Banús S.A. en un nuevo contrato más complejo o dejar libre la terraza . Eso ha vuelto a encender los ánimos entre los que creen que se está abusando de ellos con una subida que cifran hasta en un 700 por cien, pero que está encaminada a eliminar los subarriendos de estos espacios .

Según las tarifas a las que ha tenido acceso ABC, existe un importante número de arrendatarios que pagan a la concesionaria entre 20 y 40 euros por metro cuadrado por una renta antigua. Pero luego realquilan —según estos datos— por hasta 200 euros el metro (hay terrazas que superan los 140 metros). La concesionaria se ha planteado acabar con esta práctica y ha decidido subir los precios hasta el valor de mercado , aprovechando que los contratos acaban todos a final de año y que esos espacios pasarán a sus manos tarde o temprano.

Ante la proximidad de la fecha límite, unos 70 propietarios de locales y arrendatarios de terrazas se reunieron en el restaurante Aretusa el martes de la semana pasada para ver qué camino tomar. Según comunicaron a ABC, acordaron que le iban a dar a la empresa gestora del puerto un mes de plazo para revertir el nuevo canon , paralizar los desahucios en marcha, retirar las puertas de forja en los accesos y devolver las tarjetas de entrada al puerto que fueron retiradas.

La guerra está abierta de nuevo, como en abril. Si la concesionaria no cumple con estas exigencias, comunicaron que Puerto Banús S.A. puede verse con un aluvión de querellas antes del 31 de diciembre . En concreto hasta 70 denuncias cifraron, en base al número de personas que acudieron a aquella reunión.

Querella por coacciones

En unas primeras acciones los arrendatarios de terrazas, que llegaron a poner una querella contra la presidenta de Puerto Banús, María Esther Hughet, y contra el consejero delegado de la concesionaria, Juan Núñez-Insausti, por prevaricación y coacciones aludieron a que las terrazas eran parte de suelo municipal y que la empresa no podía cobrar por ese suelo ni subirles el canon.

Sin embargo, los documentos históricos de Puerto Banús exponen que son titularidad de la gestora , bien por ser parte de la concesión administrativa de la Junta de Andalucía o bien porque el suelo obra en propiedad de Puerto Banús S.A. El propio Consistorio admitió en julio que «no tiene bienes dentro del puerto» en relación a esta demanda.

Ahora la idea sería cargar contra unas tasas abusivas del puerto, pero esto también lo descartó la Agencia Pública de Puertos de Andalucía el 25 de julio cuando dijo que sólo eran tarifas reguladas los servicios marítimos y dejaba el resto a la decisión de la concesionaria. Los nuevos contratos se están haciendo mediante negociación con tarifas ajustadas según la ubicación , el tipo de negocio y una subida del 1,7 por ciento con respecto al año anterior. Además, no son de un año, sino que se negocia la periodicidad. Por eso, ya han aceptado las grandes firmas como Versace o Hermes, pero hay quien se resiste por ver estrechados sus márgenes en subarriendo.

Mercadeo de accesos

Los que no aceptan estos términos se declaran en rebelión. En un principio fueron 35 arrendatarios los que comenzaron el pulso y a los que finalmente, debido al impago del canon se les inició un procedimiento de desahucio . Esto hizo que la mitad estén en negociación y dos ya se hayan ejecutado, con el problema de que uno de ellos tras ser expulsado de la terraza prosiguió con la ocupación de la misma.

A estos propietarios se les retiró la tarjeta de entrada al puerto , medida contemplada en el pliego de contratación de la misma y en varios artículos que regulan la actividad de la concesión. El puerto tiene un estrecho seguimiento de estas tarjetas, ya que detectó que se revendían generando un mercado que sobrecargaba el puerto de vehículos.

A esto se suma el malestar porque los accesos peatonales están cortados por muchos puntos con grandes puertas de forja . Los inquilinos y propietarios de viviendas se quejan de que sólo haya dos accesos peatonales en horario nocturno. Esta medida nace de una petición expresa de la Policía Local el pasado 12 de marzo de 2018, junto con un aumento de la seguridad privada y la instalación de un amplio circuito de vigilancia. Y es improbable que sean retiradas, puesto que su efectividad ha sido avalada por las autoridades en un informe de la propia Policía Local. Al igual que tampoco se van a repartir llaves, ya que hubo que cambiar las cerraduras porque se repartieron las llaves entregadas a los propietarios y las puertas no tenían efecto.

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