INUNDACIONES EN MÁLAGA
Los municipios afectados por las riadas en Málaga siguen en guerra
Los más de 40 millones anunciados por las Junta de Andalucía en ayudas y el anuncio de la declaración de «zona de emergencia» el viernes no han calmado los ánimos
Volvió a llover en Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó ayer martes la alerta a naranja por lluvias. Sobrevolaron los fantasmas de las últimas riadas, que se llevaron por delante la vida José Gil, un veterano bombero de Antequera. Caía el agua y eso no ayuda a templar los ánimos en los pueblos que exigen con vehemencia que sus municipios sean declarados «zona de emergencia» –antigua «zona catastrófica»–.
Siguen los encierros y medidas de protesta. Un numeroso grupo de vecinos de municipios afectados por las fuertes lluvias de los pasados 20 y 21 de octubre llegaron a cortar, durante 45 minutos, la A-357 en el cruce de la carretera Málaga-Ronda. No hay marcha atrás. Las movilizaciones se van a producir hasta que el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez lo apruebe con su correspondiente paquete de medidas. No se escuchan promesas, solo se atiende a los hechos.
Ni siquiera el riego con millones de euros en compensaciones de la Junta de Andalucía del pasado martes enfría los ánimos en unas localidades, que temen que la tragedia vuelva a producirse . El Consejo de Gobierno intentó rebajar la presión sobre los dos Ejecutivos socialistas al aprobar 37,7 millones de euros en ayudas para los municipios de Málaga y Sevilla afectados. También dio luz verde a más de 6 millones para el arreglo de caminos y carreteras .
Baja tasación inicial
No importó esta primera oleada de ayudas entre los municipios arrasados por el agua. Los pueblos siguen en pie guerra, crispados por la baja valoración inicial que hizo el Consorcio de Seguros del Ministerio de Economía, que tasó los daños en 33 municipios de Málaga en 30 millones de euros.
Varias localidades malagueñas fletarán autobuses a Madrid para que los vecinos puedan manifestarse cuando se celebre el próximo Consejo de Ministros este viernes. Quieren pedir, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez se reúne, la declaración de «zona catastrófica». Los alcaldes esperaban que la «zona cero» de las riadas, concentrada en Campillos y los municipios más cercanos, ya tuviera esta catalogación y se estuviera haciendo recuento de ayudas.
Cuantificaron los daños en solo cuatro días y exigieron a los afectados una cuantificación de daños, en muchas ocasiones, sin haber sacado el lodo de sus casas, para tener todo entregado de cara al Consejo de Ministros de Sevilla. Sin embargo, el Gobierno de España obvió todo ese trabajo y prendió los ánimos.
El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, donde más de 1.000 vecinos han visto al barro anegar sus casas y se han perdido 400 coches en la riada, fue el primero en proponer un encierro. Lo hizo en el pabellón municipal de deportes y luego lo trasladó al Ayuntamiento. Le siguió Teba, que también anunció un encierro indefinido hasta que se produjera la declaración. El lunes se sumó La Roda en Sevilla, cuyo alcalde ayer se encadenó a un puente sobre el río Yeguas para exigir ayudas para reparar los destrozos.
Batalla política
La coincidencia de que los tres regidores más beligerantes son de Izquierda Unida ha levantado la guerra política. El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga y candidato socialista al Parlamento de Andalucía, Francisco Conejo, afeó a estos cargos públicos estas medidas de presión y les dijo que «es momento de colaborar y no de usar una tragedia políticamente ». «Los alcaldes saben que hay un compromiso de la Junta, que se ha hecho realidad, y que también lo hay del Gobierno de España», remarcó Conejo.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció que el Consejo de Ministros aprobará el viernes la declaración de «zona catastrófica» por el temporal. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también lo anunció, adelantándose al representante del Gobierno Central en la Autonomía del sur. De Celis explicó que esta declaración afecta a 50 municipios de las provincias de Málaga y Sevilla.
Beneficio electoral
El delegado del Gobierno arremetió contra los alcaldes que están promoviendo las medidas presión. Dijo que era «muy triste» que utilicen esta desgracia para intentar conseguir «beneficio electoral» . Explicó que los regidores «no están informando» a los vecinos sobre la verdad de lo que ocurre y señaló que deben ser los consistorios los «catalizadores de las demandas».
Reprochó que estos ayuntamientos no hayan recogido las solicitudes de los afectados por «desidia» y para utilizar «la vía de la reivindicación». Protestas que se anclan en el miedo a que la pesadilla se pueda volver a repetir , a que los arroyos puedan volver a desbordase en una nueva tromba de agua y que el lodo vuelva sembrar el caos entre sus vecinos.
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