Marbella vuelve a aplazar la solución a su ordenamiento urbanístico

Las soluciones urbanísticas en Marbella no cuajan. El último resbalón lo ha tenido el equipo de gobierno con el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, al que se ha recurrido después de que el Tribunal Supremo anulara la ordenación aprobada en 2010. La propuesta ni siquiera ha sido debatida por el Pleno del municipio, que acordó dejarlo sobre la mesa. Tras la polémica sobre la incursión de convenios de la época de Jesús Gil –en concreto de 1997–, el consenso sobre el texto ha sido imposible . La complejidad del acuerdo reside, según la concejala de Urbanismo de Marbella, Isabel Pérez, en «explicar con una argumentación distinta temas que se encuentran en estudio por los jueces».

El tripartito –PSOE, IU y los independentistas de San Pedro– vuelven a aplazar las soluciones por no contar con mayoría suficiente. Los 12 concejales no han podido sumar, en esta ocasión, a los dos de Podemos, que son el apoyo que mantiene al equipo de gobierno en el poder. Tampoco a los 13 que tiene el Partido Popular, que criticó el texto por introducir modificaciones urbanísticas y convenios de dos etapas oscuras de Marbella –el gobierno socialista de Povedano y los años de Jesús Gil–.

«La edil se ha visto forzada a dejar sobre la mesa la aprobación del texto refundido, ya que la iniciativa no cuenta con el consenso de los grupos de la oposición», concluyó Ángeles Muñoz. Apoyos que no llegaron por las sospechas sobre las modificaciones que el texto recoge del 1997. El Partido Popular apuntó que la retirada del punto del Pleno se debió a que el equipo de gobierno no ha dado las explicaciones pertinentes sobre los convenios en cuestión. « No lo pueden sacar adelante, sobre todo, cuando hay tantas sospechas », señaló Ángeles Muñoz, ex alcaldesa del municipio y portavoz del PP. Por su parte, la concejala de Urbanismo señaló que el documento no incluye convenios urbanísticos aprobados durante los gobiernos de GIL.

Por otro lado, el Pleno sí que ha aprobado, con los votos de Podemos y la abstención del PP, las subsanaciones realizadas en el expediente de cumplimiento del PGOU de 1986 según lo que dispuso la Junta de Andalucía en una resolución de 1990.