MEDIO AMBIENTE
Mantienen la acusación a los dos últimos alcaldes de Nerja por 15 años de vertidos ilegales de basura
Rosa Arrabal (PSOE) y José Alberto Armijo (PP) siguen investigados junto a otras 11 personas por un delito de prevaricación y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente
El Juzgado de Instrucción 1 de Torrox ha desestimado sobreseer la causa contra los dos últimos alcaldes de Nerja. Se les investiga como parte de una trama que habría hecho durante 15 años vertidos ilegales de basura en un paraje natural protegido del municipio. La socialista Rosa Arrabal, que es la actual regidora, y su antecesor, el popular José Alberto Armijo, siguen investigados, junto a otras 11 personas, por la comisión de los supuestos delitos de prevaricación administrativa y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El magistrado estima que la causa debe seguir contra 13 personas y seis entidades mercantiles . Se acuerda que continúe contra tres exconcejales de Medio Ambiente y una exresponsable de la Consejería andaluza de dicha área. También contra siete empresarios, supuestamente relacionados con la gestión y uso del espacio. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Nerja son los responsables civiles subsidiarios.
Fue la Guardia Civil la que llevó a cabo esta investigación. Lo hizo en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el propio Juzgado de Torrox. Los investigadores detectaron que la zona estaba siendo «explotada y gestionada económicamente» por un grupo de empresas del sector de la construcción de Nerja, que incumplían las normas administrativas. Se montó la operación «Rubbish» contra estas compañías.
Certificación falsa
Se les achacaba que tenían una actividad importante de recogida y transporte de residuos de la construcción y demolición, entre los que también se encontraban residuos peligrosos . Presuntamente eran vertidos de forma ilegal y sin ningún tipo de control en una antigua cantera del paraje del río de la Miel. La investigación realizada aseguraba que «los vertidos se realizaron a sabiendas de su ilegalidad».
La Guardia Civil destacaba que se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados. Por ello, apuntaban las pesquisas, que estos empresarios habían pagado un servicio «bajo la creencia de que sus residuos estaban siendo gestionados correctamente y cumpliendo con la normativa medioambiental».
El vertedero ilegal afectaba de forma directa a un «espacio natural protegido» del Parque Natural Sierra Tejeda , Almijara y Alhama, que cuenta con otras figuras de protección como Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Zona de Especial Conservación. Por eso se acusa a los investigados de realizar «graves peligros medioambientales» para la zona.
Alcaldes implicados
Sobre Armijo, el juez señala que como alcalde entre 1995 y 2015 habría participado «activamente» en la creación del vertedero no autorizado. Dice que llegó a ordenar el vertido de escombros en la antigua cantera, «alegando razones de urgencia», pero sin obtener las autorizaciones administrativas precisas. También considera que tuvo conocimiento de los expedientes sancionadores iniciados y los obvió.
Por otro lado, sobre Arrabal, alcaldesa desde 2015, la instrucción señala que conocía la existencia del vertedero, pero que « no ordenó expediente alguno para paralizar la actividad desarrollada». Se le achaca que también «omitió» cualquier procedimiento respecto del uso privado del terreno público. Los concejales acusados y la que fuera secretaria general de dicha área en la Consejería se les acusa de no promover expedientes para su eliminación. Por último, a los empresarios se les investiga de realizar vertidos sin las autorizaciones pertinentes.
El juez desvela que costará unos 10,7 millones de euros devolver el terreno a su estado original y archiva la causa de forma provisional contra el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Adolfo Moreno, por no haber estado en el cargo tiempo suficiente como para poder tomar decisiones al respecto o, incluso, conocer el estado de este vertedero ilegal.
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