Condenado un profesor de Derecho que ofreció aprobar a un alcalde para que le perdonara una obra ilegal

Once años ha tardado la Justicia en emitir sentencia firme sobre el caso 'Cátedra', aquella operación por la que la Guardia Civil tomó la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga para detener a uno de sus profesores en 2010. Lo hizo por la denuncia de un particular sobre una propiedad en Villanueva de la Concepción. El denunciante puso en conocimiento de las autoridades que, en noviembre de 2009, el docente y un abogado le propusieron solucionar un expediente por obras ilegales a cambio de 50.000 euros .

Juan Francisco H. impartía entonces la asignatura de Derecho Tributario. Según la sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la de la Sala Segunda de la Audiencia Provincia de Málaga, junto al abogado Manuel G. dijeron que podían arreglar por esa cifra el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción sobre dichas obras ilegales en una finca en Cortijo de los Hierros.

La sentencia del Supremo, adelanta por 'Diario SUR', asegura que los los dos condenados dijeron al particular que el profesor lograría que el entonces alcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva, legalizara la obra. Según se recoge, los iba a hacer «a cambio de ofrecer a este último el aprobado en las asignaturas de Derecho Procesal» , que era lo que le quedaba para acabar la carrera.

Pero al afectado por el expediente no le sonó bien la idea, por lo que acabó poniendo los hechos en conocimiento de la Guardia Civil el 15 de abril de 2010 . En los meses siguientes, ya vigilados, el profesor y el abogado concertaron una cita con el denunciante. El dueño de la finca expedientada aceptó la propuesta con una rebaja a 30.000 euros.

La Fiscalía abrió una investigación por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia. El juez instructor ordenó pinchar los teléfonos del regidor y de los ahora condenados. Así comprobaron como iban presionando para cobrar y hasta pudieron justificar el pago de un adelanto de 11.000 euros , que el profesor y el abogado se repartieron a partes iguales.

De este modo, el Tribunal Supremo emite sentencia firme en la que condena al profesor a tres años de cárcel por falsedad documental y a una multa de 5.400 euros. Además de otros nueve meses de prisión por tráfico de influencias . Por este delito impone la misma pena al abogado. A ambos se les aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y les impone el pago de una indemnización de 11.000 euros al denunciante.

Por su parte, el exalcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva, que absuelto del cargo de cohecho. Un delito que no se ha podido probar en ninguno de los investigados. En el caso del regidor, la sentencia argumenta que no ha evidencias de que solicitara o aceptara de los acusados dicho aprobado académico a cambio del dictado de alguna resolución administrativa.