PROBLEMA PARA LA SALUD PÚBLICA
El lucrativo negocio de traficar con atún rojo
La Guardia Civil detecta estructuras organizadas como grupos delictivos dedicados a la captura ilegal de una especie que deja grandes beneficios
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Rebasa por poco la treintena y a los agentes les quedó marcado su carácter «conflictivo». Se han topado muchas veces con él, y tienen la certeza de que lo volverán a hacer. Vinculado desde hace años al negocio de la pesca, su amplia «agenda de contactos» es la clave de un lucrativo negocio que se extiende preocupantemente por las costas andaluzas: la captura ilegal del atún rojo. Una especie muy demandada en el mercado asiático y apreciada por los restauradores nacionales a cuyo alrededor se tejen auténticos grupos organizados en los que cada componente desempeña un rol muy marcado y ante los que se intentan luchar con sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.
Carlos Plaja, el sargento jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ha estado al frente de las últimas actuaciones desarrolladas por el Instituto Armado en Málaga, Cádiz y Sevilla y no duda en alertar de que es «un fenómeno creciente». En este año que va a concluir se ha intervenido medio centenar de ejemplares en tres intervenciones , que tuvieron como principal precedente una operación de 2014 que puso de manifiesto a los investigadores que se enfrentaban a auténticas redes delictivas con tentáculos que se extienden por varias provincias. «Las personas que estaban detrás eran de Málaga, los atunes se transportaban desde los puertos de Algeciras y Tarifa y se les daba salida en Mercasevilla y Mercamálaga», recuerda.
Los integrantes de estas organizaciones tienen claramente definidos los roles y cada uno es un eslabón de una cadena que provoca un gran perjuicio medioambiental y supone un riesgo sanitario por la falta de controles de las piezas que llegan a la mesa. En primer lugar está el pescador, habitualmente, un profesional de las artes de pesca que suele usar la técnica del palangre. Esta consiste en «tirar» varios kilómetros de hilo con anzuelos y después cebar el agua para atraer a los atunes. Este sistema no discrimina y atrapa por igual a ejemplares adultos como a inmaduros.
Cuentan con el apoyo en tierra de «aguadores» que avisan de la presencia de agentes de la Guardia Civil o inspectores de la Junta. Los sucesivos golpes asestados en los últimos meses han acabado con la impunidad con la que se desenvolvían estos grupos y han dotado mayor protagonismo a esta figura, hasta el punto de que en la última actuación realizada en La Caleta de Vélez-Málaga se detectó una decena.
E l tercer eslabón lo forman los transportistas , que últimamente han optado por dejar los vehículos isotérmicos «para intentar pasar desapercibidos». De esta forma no hay cadena del frío, por lo que los ejemplares —que han comenzado a corromperse tras pasar 12 horas ocultos bajo el mar—, pueden suponer un riesgo para la salud. Algunas de las piezas que se interceptaron Mercasevilla se encontraban en mal estado, según comprobó un veterinario de la administración, mientras que una conservación inadecuada favorece la aparición del parásito anisakis.
El intermediario es el elemento «clave» en la organización . «Es el que tiene los contactos para dar salida a la mercancía», explica el mando de la Guardia Civil, que destaca que sus conexiones pueden extenderse por toda la región. Este es el caso del joven que arranca esta información. Con varios familiares al frente de pescaderías, conoce todos los entresijos de este negocio ilegal y centra su actividad en cualquier tipo de inmaduros —pulpo, merluza, atunes...—. «No tiene escrúpulos», resalta el investigador, que destaca que esta persona «tiene a varias más trabajando a sus órdenes». Ni la incautación de material y vehículos, ni las sanciones que acumula en varias provincias, han logrado que abandone esta actividad.
«La mayoría de los atunes rojos que se pescan de manera furtiva están vendidos al poco de ser subidos a la cubierta», afirma el sargento del Seprona, que manifiesta que los implicados suelen estar conectados a través de grupos de WhatsApp en los que se informa de las características de la pieza para comenzar a sondear a los compradores potenciales.
La presión del Instituto Armado ha forzado que los pescadores furtivos hayan variado su «modus operandi» . Si el año pasado no dudaban en llevar la pesca a puerto a plena luz del día y sacarla cuando no había «ojos indiscretos»; «ahora fondean las piezas a unos 300 metros de la costa tras atarlas a una botella y van a por ellas de madrugada».
Altos beneficios
Carlos Plaja no se atreve a poner números exactos a esta actividad ilegal, pero ofrece un dato que denota que es muy lucrativo: «Los transportistas, que no son los más importantes en estas redes, suelen recibir dos euros por kilo de atún transportado. En la última intervención, esta persona llevaba 800 kilos, por lo que por ese único viaje se iba a embolsar 1.600 euros». «Posiblemente, el que menos gane sea el pescador» , añade.
Al final de la cadena, los pescaderos y restauradores que, a pesar de ser conscientes de que este tipo de productos requieren una manipulación adecuada, prefieren adquirirlos por un precio inferior al de mercado para incrementar sus ganancias, con el riesgo que entraña para su clientela.
Este importante margen de beneficios está provocando que «gente que tiene su trabajo se dedique de forma paralela a esta pesca furtiva». En este grupo podrían enmarcarse los aficionados a la pesca recreativa que hacen un uso pervertido de la norma que permite la pesca «accidental» de un ejemplar entre el 15 de junio y el 15 de octubre. Cuando esta circunstancia se produce, tienen la obligación de comunicarlo, aunque «casi nunca lo hacen» y siembre tienen ese «comodín» que esgrimen si son interceptados. El cupo establecido es el 0,1 por ciento del global de 3.000 toneladas. Una vez cubierto, se establece la veda, «sea la fecha que sea».
El citado experto declara que la mayoría de los implicados en la pesca ilegal del atún rojo suelen escudarse en una supuesta superpoblación de esta especie, pero nada más lejos de la realidad: «Lo que ocurre es que se está produciendo un cambio de comportamiento de la especie, que en determinadas épocas del año ya no se desplaza a zonas atlánticas , debido a que en el Mediterráneo está encontrando mucho alimento».
Y ante este fenómeno «novedoso y creciente», ¿con qué armas cuentan los agentes y la administración? A pesar de que en alguna ocasión se ha podido imputar un delito contra la fauna y la flora a estas redes de pesca furtiva, lo habitual es «atacarles» con multas. En el caso de los pescadores profesionales, la horquilla es de 301 a 60.000 euros; que se reduce de 301 a 3.000 cuando los multados son recreativos.
L a administración tramita ya sanciones de más de 12.000 euros , pero algunos de los implicados acumulan ya varias de ellas, por lo que habrá que evaluar el verdadero carácter preventivo de este mecanismo.
