Terrorismo
Juzgan al etarra que atentó contra el cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos
La Fiscalía pide para Juan Jesús Narváez Goñi 109 años y 4 meses de cárcel
La Audiencia Nacional juzgara mañana al etarra Juan Jesús Narváez Goñi por un atentado en 1991 con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Torremolinos en el que resultaron heridas 4 mujeres, por el que se enfrenta a una petición del fiscal de 109 años y 4 meses de cárcel .
Narváez Goñi, Pajas, fue entregado a España desde México en 2014 junto a su pareja Itziar Alberdi, con la que estuvo viviendo 22 años en la clandestinidad en Puerto Vallarta con sus dos hijos y junto a la que fue juzgado la semana pasada por el asesinato de dos agentes de los TEDAX con un paquete bomba, en Madrid en 1991.
En este nuevo juicio, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova, la Fiscalía acusa a Pajas de planificar este atentado con coche bomba junto a José Luis Urrusolo Sistiaga (ya condenado por estos hechos), «con la manifiesta intención de causar la muerte del mayor número posible de guardias» que ocupaban la Casa Cuartel de Torremolinos, así como «de sus familiares».
Para perpetrar la masacre, Narváez Goñi, ya condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de dos policías en diciembre de 1991, adquirió un Renault 5 a un particular, al que sustituyeron las placas de matrícula por una doblada a un vehículo italiano y le colocaron una carga explosiva de 40 kilos de amonal , «capaz no solo de causar daños en el edificio de la fuerza policial sino de matar a sus moradores», informó Efe.
El acusado y Urrusolo Sistiaga dejaron después aparcado el coche bomba en la intersección de la calle Periodistas Antonio Sáenz con Río Trueba, que da a dos fachadas de la casa cuartel de Torremolinos, «todo ello siguiendo las anotaciones y croquis que previamente había realizado Urrusolo».
El vehículo explotó finalmente a las 22:35 del 16 de abril de 1991, hiriendo a cuatro mujeres y causando daños en edificios y automóviles colindantes.
La Fiscalía pide para él 23 años y cuatro meses de cárcel por cuatro delitos de asesinato frustrado , diez años por el de estragos y seis años de prisión y multa de 1.200 euros por el delito de falsificación de placas de matrícula.
