TRIBUNALES
El juzgado pide a la Policía Nacional investigar si el puerto de Benalmádena ha amañado subastas
Una docena de empresarios presentó una denuncia en el Juzgado de Guardia contra los responsables de los muelles
Un juzgado de Torremolinos ha pedido a la Policía Nacional que investigue los supuestos amaños de subastas y concursos públicos denunciados en Puerto Marina de Benalmádena. Al mismo tiempo, señala que se identifique plenamente a todos los denunciados. También que la unidad policial que se designe comunique el resultado de esas investigaciones a fin de decidir sobre el futuro de esta causa.
Así se libera oficio tras la denuncia presentada por una docena empresarios contra los responsables del puerto. Acusaban a uno de los técnicos, al director del puerto, Manuel Jiménez, y a la concejala delegada del mismo, Encarnación Cortés, de la comisión de un posible delito de alteración de subastas y concursos públicos, así como de otro de prevaricación. La causa ha quedado archivada de forma provisional a la espera de estas nuevas diligencias . Una vez prácticadas, los resultados de la investigación policial dirán si se continúa adelante o se decreta el sobreseimiento definitivo de la causa.
Los denunciantes sostenían que se sentían agraviados con respecto a dos empresas que operan en estos muelles de la Costa del Sol en la actividad turística del charter de barcos. Este grupo puso en conocimiento del Juzgado de Guardia que en los últimos años se han producido múltiples irregularidades o beneficios para dos compañías. El documento al que tuvo acceso ABC, situaba el origen de esta denuncia en una reunión con el propio alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, el 17 de mayo de 2018.
En esa fecha se reguló la actividad después de 20 años sin tasas y con un número excesivo de embarcaciones dedicadas a las salidas turísticas , según informó el propio Consistorio en aquella ocasión. De hecho, el Ayuntamiento señaló a ABC que la denuncia es la respuesta al malestar generado por esa regulación, ya que dejó a muchos propietarios de barcos fuera de este negocio tras el concurso público.
La denuncia remarcaba que aquella concurrencia fue «apresurada» y que fue el inicio de las supuestas irregularidades con estas dos empresas. Dijeron en el juzgado que seguían sin aplicar las normas a todos por igual, lo que generaba una imposibilidad de competir en igualdad de armas provocando el empobrecimiento de la mayoría en beneficio de unos pocos.
Navegar sin licencia
La abogada Antonia Barba puso en conocimiento del juzgado que los dos favorecidos, uno trabajador del Puerto y el otro relacionado con la concejala, hacían salidas nocturnas, mantinían los mejores muelles sin que le pertenecieran, navegaban sin licencia, no respetan horarios o hacían salidas cuando había temporal y está prohibido. Señalaron a excesos de aforo en los barcos de estas compañías o eliminación de la competencia con la expulsión de concursos sin derecho a recurrir.
Explicaron que estas dos compañías estaban protegidas por el puerto , ya que eran eliminadas de la lista que remite la gestora a la Policía para la inspección, librándose de ser revisadas y de posibles sanciones. El escrito añadía que, en contra de lo que se recoge en las bases del concurso, se estaba autorizando la trasmisión de las autorizaciones del concurso, exigiendo menos requisitos y sin que hubiera que acreditar la capacidad económica.
Afirmaban que esto hacía que los denunciantes asumieran cánones abusivos y argumentaron que aquel que se atreviera a hacerles frente recibía las represalias oportunas, «viviendo escenas de películas del viejo oeste» . A su vez, en la denuncia que el juzgado pide que se investigue, se exponen más irregularidades dentro del consejo de administración del puerto, como la adjudicación del asesoramiento jurídico integral de la concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena.
Denuncian el blindaje del contrato del gerente o la transmisión del contrato de gestión del Varadero del puerto, a pesar de la prohibición de dicha transmisión. También se arrojaron sospechas sobre los pliegos administrativos y técnicos de un concurso de limpieza por importe de 172.000 euros, que aseguraban que se sacaron a concurso con un sobrecoste «para destinar el dinero presumiblemente para sufragar la campaña electoral» . Hechos en los que tendrá que indagar ahora la Policía por orden judicial antes de que se determine si continúa la instrucción.
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