El juzgado pide a la Guardia Civil que amplíe la investigación sobre las subastas de Mijas

El caso de las subastas de viviendas exprés de Mijas sigue en instrucción, según la versión oficial ofrecida por fuentes judiciales. Dentro de este procedimiento, el pasado 16 de octubre el Juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola recibió el último expediente municipal digitalizado. Tras esto, dictó una providencia en la que pedía remitir toda la documentación a la unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. La finalidad es que los agentes encargados de las pesquisas amplíen la investigación que llevaron a cabo e incorporen las nuevas averiguaciones al atestado formulado a raíz de las denuncias recibidas en junio de 2015.

Los documentos remitidos son todos los expedientes sobre las subastas que han sido enviados por el Ayuntamiento de Mijas en los últimos seis meses, tras los requerimientos de la autoridad judicial. Se trata de todos los procedimientos bajo sospecha. Este nuevo paso se suma a la petición de la acusación particular para que todo se declare «causa compleja» . «El juzgado lo está estudiando», remarcan fuentes de la acusación, que añaden que con esta catalogación «se gana tiempo» para que el procedimiento no prescriba.

Es otro avatar más dentro de este posible caso de corrupción municipal. El juzgado de Instrucción 4 de Fuengirola, la Fiscalía de Málaga y la Guardia Civil abrieron investigación tras una denuncia con fecha del 5 de enero de 2015 por presuntas irregularidades en el embargo y adjudicación de sociedades . Los informes revelados por ABC, hablaban de que podría haber delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación. En el epicentro de la posible trama se situaba al departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Mijas.

Todas las causas se unificaron en el Juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola en junio de 2016, donde se mantiene como investigados a el exalcalde de Mijas Ángel Nozal, al tesorero del Ayuntamiento, Antonio García López-Tello, y al cargo de confianza Jorge Soler. Se trata de casos como la denuncia de un vecino sobre el embargo, por parte del departamento de Recaudación del Consistorio, de una finca de 5.000 metros cuadrados de su propiedad tasada en 1,4 millones de euros. Se le confiscó por una deuda de 26.000 euros y fue adjudicada por el Ayuntamiento en 34.000 euros a un «único postor». Se investiga también la relación de los pujadores y adjudicatarios con el poder municipal .

A principios de 2015 se archivó el caso, pero se volvió a reabrir a los pocos meses, tras la incorporación de una segunda denuncia que se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción y que fue trasladada a la Policía Judicial de la Guardia Civil. Los afectados estuvieron exponiendo las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de embargo y adjudicación al Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. El juzgado abrió investigación para saber cuántas subastas se habían realizado y cuáles había previstas . Las dudas sobre este proceso aparecen por primera vez cuando el concejal Juan José Porras de Alternativa Mijeña (IU) solicita al interventor el listado de las subastas de bienes inmuebles que se realizó entre junio de 2011 y octubre de 2014, así como la tasación de salida y el valor catastral de los mismos, meses antes de las primeras denuncias desveladas por ABC.