Urbanismo
La Junta asegura que hay «miedo» entre los técnicos de Urbanismo por si les «empapelan» al dar luz verde a proyectos
El director general del área, José María Morente, no ve «lógico» que por un «error» en un informe técnico tengan que declarar ante un juez
«Es lógico que la corrupción urbanística esté en el Código Penal. No es lógico que un error en un informe de un técnico lo llevé a declarar ante el Juez». El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José María Morente, ha salido este viernes en defensa de estos trabajadores que sienten «miedo» al tener que «informar positivamente cualquier cosa porque alguien los puede empapelar».
Para los técnicos de urbanismo de la Administración «lo fácil es decir no para no generar problemas» ha mantenido Morente, quien ha apuntado que «hay que echarle mucho valor y no todo el mundo es torero como para echarse para adelante. No todo el mundo es José Tomás». Con este símil, el director general ha abordado uno de los que él considera «los grandes problemas» del urbanismo, temática que se ha analizado y expuesto en la Jornada sobre el Estado del Urbanismo en Andalucía organizada por la Unión Cívica del Sur (Civisur).
A este miedo se le suman otras trabas que aún hay que superar. El buen entendimiento entre la Administración y «la calle» es una de ellas, pues Morante considera que «la calle no entiende que la Administración tiene que ser garantista y la Administración no entiende que haya unas demandas que no pueden esperar» . La armonía en esta materia debe llegar, pero parece ser que los expertos se ponen de acuerdo con los problemas pero no con las soluciones y ahí es donde yace la verdadera dificultad.
Durante la jornada algunos de los ponentes han remarcado que la extensa normativa en lo que a Urbanismo se refiere es uno de los grandes inconvenientes, convirtiéndose así en una maraña de un corpus legal constituido de 235 textos legales. 151 autonómicos y 83 estatales. En su conjunto, repercuten negativamente en la práctica de la actividad, sobre todo en los «tiempos desmesurados de tramitación de planes y proyectos».
Ante estas críticas, Morante, que no ha negado amplia legislación, ha puntualizado que Yo «el gran problema no está en la cantidad de normas, que son la mayoría de vivienda, sino que son complejas, farragosas y contradictorias ». Y como solución, desde el Gobierno liderado por Juanma Moreno hay «voluntad» de que cada vez que se modifique o saque una Ley, «se deroguen tres».
Esto evitará «contradicción en la práctica» , pues ha subrayado que cada vez que se modifica un punto en concreto «se va perdiendo de vista el contexto general», siendo «muy fácil perderse» y dado a que se pisen entre sí. Así que desde que entraron en San Telmo están intentando «poner orden a todo este lío» , revisando la legislación y «tomando nota de lo que se pide».
En lo que sí hay consenso absoluto es en que hay que cambiar el modelo de gestión. Morante, que no ha querido poner soluciones sobre la mesa, ha apostado porque se simplifiquen «de manera gradual» los contenidos de los planes urbanísticos, dejando de lado esa rigidez y complejidad que los caracterizan. Así se entenderán de forma más sencilla, estableciendo unas reglas del juego «claras», adaptables al municipio oportuno.
Pese a que las jornadas giraban entorno a la situación en la comunidad autónoma, Morante ha apuntado que «el problema no es andaluz. El punto muerto al que ha llegado el Urbanismo es de todo el país» y, actualmente, la anulación de Planes Generales «es en lo que nos movemos». Un hecho que desemboca en «lentitud e inseguridad jurídica», como recientemente ha sucedido en Marbella o Jaén.
Una herencia más «compleja»
La salida del socialismo de San Telmo ha dejado un escenario «difícil» al Gobierno liderado por Juanma Moreno. «Mucho más complejo de lo esperado» en la cartera de Urbanismo, de la que es viceconsejero, Jaime Raynaud, quien, junto a su equipo, se encuentra «salvando escollos prácticamente todos los días». A lo que se le suma la falta de un Presupuesto, que el Ejecutivo andaluz ha tenido que redactar «deprisa y corriendo», pendiente de enmiendas, para que empiecen a salir adelante proyectos.
Raynaud, quien ha clausurado las jornadas celebradas en la sede de Unicaja, ha asegurado que se han encontrado con más de 200 Planes Generales «atascados», aunque estiman que rozarán la cifra de 300 porque hay municipios «cansados de esperar» su aprobación. A esto, en herencia también han recibido una legislación urbanística «difusa, compleja, que produce una gran inseguridad jurídica », lo que ha desembocado en un temor a la inversión y huída de capitales de las provincias andaluzas y, por consecuencia, paralización en la creación de empleo.
Respecto a las infraestructuras que han estado paralizadas durante años, en ocasiones hasta una década, Raynaud ha aseverado que ya están con ellas, resolviendo contratos y liquidando, pues «las reclamaciones judiciales nos caen en cascada un día sí y otro también», un cómputo total de 575,8 millones de euros y la deuda sin reclamación judicial de la Consejería asciende a 1.259 millones de euros.
Modelos de ciudades del siglo pasado
«La absoluta inadecuación de la legislación y la práctica, que siguen hoy basadas en conceptos de ciudad y modos de planeamiento de los años 50 del siglo pasado» es una de las preocupaciones que ha compartido durante la jornada el arquitecto Damián Quero , quien ha apuntado que la normativa «no se ha actualizado en sus conceptos pero se ha complicado hasta configurar un sistema de normas rígido y excesivo que es ya inviable ».
Otra causa de la insostenible situación del urbanismo andaluz para Quero es «la imposición inapelable por cada administración sectorial de sus criterios, localizaciones y proyectos dentro de los planes», convirtiendo así los planes municipales en una «mera suma de decisiones verticales de ministerios y consejerías, mediante la técnica de informes vinculantes, que además tardan años en resolverse ».
Además, a ello se le suma que, hasta ahora, se ha aplicado la «planificación territorial para hacer intromisiones excesivas en las competencias municipales, imponiendo decisiones que competen a los ayuntamientos». Ante esto, ha aseverado que la «regeneración de la legislación y de la Administración se ha hecho perentoria», llevando a la economía a resentirse de «los plazos intolerables de los trámites y se lastra a las actividades con costos financieros desmesurados para obtener las aprobaciones. Los cambios, a la vez que son urgentes, han de ser de mucho calado».
Por su parte, secretario general del Ayuntamiento de Málaga y ex secretario general. del Ayuntamiento de Sevilla, Venancio Gutiérrez, ha recomendado que «un régimen simplificado de planeamiento y gestión para pequeños municipios, así como la atribución a los Ayuntamiento de la aprobación definitiva de los Planes Generales». Respecto al Suelo Urbano , la medida que Gutiérrez ha expuesto es la creación de una nueva regulación , al igual que para las edificaciones en SNU.
Además, durante la jornada también han participado los copresidentes Luis Merino Bayona, presidente de CIVISUR por Málaga y Manuel del Valle Arévalo, presidente de CIVISUR por Sevilla, quienes han inaugurado y clausurado el congreso. A su vez, ambas intervenciones han sido moderadas por Francisco Barrionuevo Ferrer, coordinador de la comisión de Urbanismo de CIVISUR.
Entre los ponentes también se encontraban el profesor titular de la Escuela T.S de Arquitectura de Madrid, Luís Felipe Alonso Teixidor; y el presidente de FADECO Promotores, Francisco Martínez Cañavate.
