CORRUPCIÓN
Investigan si el excomisario Villarejo hizo estallar «Astapa» para favorecer sus negocios en Estepona
La causa conocida como «la pequeña Malaya» lleva 12 años en instrucción y mandó al alcalde socialista, Antonio Barrientos, a prisión preventiva
El caso «Astapa» es una de las causas de corrupción más señeras de la Costa del Sol. El más importante después de «Malaya» en Marbella en 2005. De hecho, estalló tres años después y lleva doce años en Instrucción 1 de Estepona. Allí se está llevando a cabo una laboriosa investigación, que incorporó recientemente una nueva e inesperada variante . Y es que la magistrada titular del juzgado ha decidido admitir la petición de incorporar los expedientes relativos a la participación del excomisario José Manuel Villarejo en el estallido del caso.
«Astapa» sacudió los cimientos de Estepona en 2008 , cuando la Policía irrumpió en el Ayuntamiento y detuvo, entre otros, al alcalde socialista Antonio Barrientos. El regidor acabó en prisión provisional, declaró ante la Justicia diez años después y ahora está a la espera de juicio junto a otro medio centenar de encausados.
En una providencia del pasado 11 de octubre, la juez que lleva la macrocausa pide a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre los negocios de Villarejo. En este documento policial se desvelan los intereses inmobiliarios del excomisario en Estepona, donde de una forma directa o indirecta tenía sociedades con propiedades con un capital social que superaba los 25 millones de euros .
El informe también apuntaba a que una persona de la confianza de Villarejo habría sido colocada en puestos de influencia del Consistorio para favorecer sus intereses millonarios. El informe de Asuntos Internos señala que en las empresas que hay constituidas en España o en paraísos fiscales hay catorce personas que sirven como supuestos testaferros del excomisario. Entre estos hay dos conocidos que estarían relacionados con el caso «Astapa». Por un lado, está un testigo que denunció presiones de Barrientos y el otro, el gerente de Urbanismo que nombró David Valadez, el concejal que denunció la trama y terminó siendo alcalde tras ser detenido Antonio Barrientos.
Negocios Bloqueados
Según los escritos presentados por los abogados defensores de Barrientos y uno de los empresarios encausados, se sospecha que el excomisario podría haber hecho detonar la operación policial para proteger estos intereses. Los negocios millonarios de Villarejo habrían sido bloqueados por la corporación municipal y, de acuerdo a esta teoría, el excomisario habría provocado que se interpusiera la denuncia en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de Madrid para acabar con el gobierno y tener éxito en sus intereses.
Por esta razón, los letrados piden aclarar si David Valadez y Cristina Rodríguez acudieron acompañados de alguien a denunciar el caso el 16 de noviembre de 2006. Los abogados de estos encausados solicitaron que se revisara en los registros de entrada de la UDEF en Madrid si alguien acudió con ellos a poner la denuncia. La juez no sólo pide que se evalúe ese informe de Asuntos Internos y que se investiguen las apreciaciones de los letrados defensores, sino que solicita al Ministerio Público que se pronuncie sobre estos nuevos datos y proponga si debe trasladarse la documentación al resto de las partes o si debe abrirse una pieza separada de «Astapa» y secreta.
El último documento de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2018 atribuía al más de medio centenar de encausados la comisión de los presuntos delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias, nombramiento ilegal, doble contabilidad o actividades profesionales prohibidas. Lo hacía tras el análisis de 38 convenios urbanísticos supuestamente irregulares por los que el Consistorio dejó de percibir 20 millones de euros y con adjudicación de contratos a dedo.
Triple caja en el Ayuntamiento
A cambio se obtenía dinero en mordidas, como relataba la propia Fiscalía, al desvelar una triple caja de ingresos municipales . La «caja A» estaría limpia de delitos con «actuaciones totalmente fiscalizadas» y «una actuación administrativa correcta». La «Caja B» estaría dedicada a patrocinios y donaciones de empresarios con intereses en el municipio, sospechando de que era «una condición» para que el Ayuntamiento no truncara las aspiraciones de negocio. La «Caja C» es la correspondiente a regalos a miembros del Consistorio o personas de su entorno y pago de gastos electorales de los partidos.
Aquel documento destacaba «la importancia» de Antonio Barrientos en la trama, que explica que recibió del grupo empresarial Valle Romano «regalos en navidades y le pagaron viajes» . La investigación señala «la tremenda capacidad de ahorro» del exalcalde, que salvó el pago de hipoteca y los recibos domiciliados en seis años. Las pesquisas señalan las obras de su casa por importe de más de 236.000 euros «pagadas por una empresa».
La trama implica a otros ediles, familiares, empleados municipales y conocidos de los que tenían puestos de responsabilidad en el Consistorio y participaban de la estructura. El Ministerio Público también afirmó en su último escrito que de lo investigado se dilucidaba una financiación irregular del Partido de Estepona y del PSOE en la localidad de la Costa del Sol.
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