Tribunales
El infierno de la residencia La Milagrosa: patadas, rodillazos, encierros y vejaciones a los discapacitados
La Fiscalía de Málaga pide cinco años de prisión para seis empleados y una multa para un séptimo por humillaciones
Seis trabajadores de la Residencia de Gravemente Afectados «La Milagrosa» de Málaga tendrán que responder por una acusación de trato degradante, coacciones y maltrato a los discapacitados hace ya tres años. La Fiscalía de Málaga les pide ahora cinco años de prisión por ejercer una violencia física de carácter leve, que no llegaba a causarles lesiones y que se materializaba en propinarles múltiples patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa.
Según el escrito al que ha accedido ABC, al primero de los acusados se le achaca haber bloqueado la salida de emergencias, de tener a un interno una hora encerrado en una ducha, así como haber enclaustrado en sus dormitorios a dos discapacitados durante toda la noche. El fiscal relata actitudes vejatorias y denigrantes, a la vez que un rosario de agresiones, como rociar con agua, patadas, empujones, manotazo, golpes con un zapato o rodillazos . Además, se le acusa de haber insultado diciendo «perro y asqueroso», mientras le pegaba, a otro interno que defecó en el suelo por la noche y se manchó con la heces. Este cuidador habría pateado a un interno tras caerse al suelo.
A una segunda acusada se le acusa de golpear con una prenda de ropa a una mujer sentada en una butaca. Por otro lado, a la tercera acusada se le achaca haber presionado la cabeza hacia abajo a un interno en un control, además de empujar a otro interno y quitar con tirones de ropa la vestimenta a otro. Le dio un tortazo en la cara en un forcejeo a uno de los usuarios, al que también pegó comiendo antes de abofetar a otro en el pasillo.
Una cuarta cuidadora está acusada de bloquear las puertas de emergencia, poniendo en peligro a los internos. Además, de patear a varios usuarios, así como despertar a uno de los internos a golpes en la cabeza y en la espalda o empujando a otro con la rodilla y sometiéndolo a tirones de ropa. Una quinta acusada c erró con un cinturón a un discapacitado en su habitación sabiendo que tenía epilepsia. Según la Fiscalía, esta cuidadora habría golpeado en la cabeza a un interno y a otro lo habría tirado contra el suelo. Es la misma que llamó «puerco» a un residente que se había orinado.
La sexta cuidadora que va a ser procesada también encerró a los usuarios e, incluso, llegó a pegar a uno de ellos con un cepillo para luego tirarlo al suelo y agarrarlo brúscamente de la ropa. A otro lo golpeó con lo que la fiscal cree que es un cuaderno con anillas y otro más con un zapato. En la causa hay siete acusados, la última es una mujer que habría humillado a las usuarias al colocarles pañales de pie en un pasillo , mientras se sujetaban en un mostrador.
Grabados por detectives
Los afectados eran todos personas con graves discapacidades intelectivas y totalmente dependientes para las tareas de la vida diaria, por lo que la fiscal indica que los acusados aprovecharon este «especial desvalimiento». Los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2017. Había sospechas de que los cuidadores del turno de noche no cumplían con sus obligaciones laborales. Para averiguarlo, la dirección del centro, que recaía en la Asociación Malagueña Pro Minusválidos (Aspromanis), contrató a una empresa de detectives para comprobar esas sospechas .
Esta compañía colocó cámaras para ver qué estaba ocurriendo. Ahí se destapó todo. La visualización de las imágenes grabadas durante la noche destapó un tormento silencioso de los residentes, agravado por sus discapacidades. La violencia hacía que los internos cayesen al suelo, donde eran nuevamente agredidos, sin que, debido a la discapacidad que presentaban, pudieran defenderse o pedir auxilio .
Por esto, Según publicó «Diario SUR», la fiscal acusa a seis de los trabajadores por un delito de trato degradant e, por el que solicita dos años de prisión para cada uno. Luego le suma por otro de coacciones , por el que pide tres años de cárcel. Por último, a cinco de ellos, también les añade uno más de maltrato y pide el pago de una multa de 9.000 euros.
A un séptimo procesado, le acusa únicamente por un delito leve de maltrato de obra y pide una multa de 1.800 euros. Además, el ministerio público insta a que se imponga a los acusados el alejamiento de las víctimas y a que las indemnicen en la cantidad que se determine.
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