«El proyecto está avalado por técnicos, las críticas solo son suposiciones»

No hay marcha atrás para retomar el proyecto de la planta embotelladora en Antequera. Inversiones Domago , la promotora, se centra ahora en resolver todos los problemas económicos que ha generado para la empresa la campaña de desprestigio encabezada por los alcaldes del PSOE y Adelante Andalucía en la comarca. La que consideran «una batalla política» ha perjudicado las clausulas y compromisos con proveedores y clientes potenciales.

Ayer miércoles la empresa anunciaba la cancelación del proyecto y esa misma tarde la maquinaria, que ya trabaja en la zona, era retirada. «Sin tener nada que ver se han producido una serie de daños directos a nuestra empresa», asegura a ABC el gerente, Ramón Martínez, que insiste en que la compañía tiene unas condicionantes económicos y financieros y un riesgo limitado que asumir .

Pese a la decisión de cancelar la construcción de la planta, defiende que el proyecto sigue siendo «inmaculado» y contando con «todas las bendiciones legales y económicas» e insiste en que todos los problemas han surgido a raíz del conflicto con los regidores de los municipios, que han esperado ocho años para protestar.

Durante ese tiempo, insiste Martínez, en el que se han cumplido los distintos requisitos y exigencias, no ha habido apelación alguna de particulares, empresas, o administraciones. Asegura que las quejas se sustentan en acusaciones falsas, «sin ningún tipo de veracidad ni evidencia técnica».

«Este matiz es muy importante. Hay estudios y permisos de competencia nacional, autonómica y municipal que, tras estudiar el terreno, recabar información y con evidencias técnicas han concluido que no hay ningún impacto y que se puede acometer el proyecto. Los ataques que estamos recibiendo, sin embargo, son sólo comentarios y suposiciones», aclara.

El gerente explica además a este periódico que se han reunido hasta en dos ocasiones con los regidores para instarles a revisar los expedientes -que se han hecho públicos en cuatro ocasiones- para que pudieran comprobar que la extracción no afectaba al agua que surte a los municipios. De hecho, apunta que la empresa tenía permiso para extraer 18 litros por segundo y estaba dispuesta a arrancar durante unos años con 6 para tranquilidad de los vecinos.

Ramón Martínez insiste en que se han visto en medio de la línea de fuego y que como empresa han de defender sus intereses, aunque advierte que los primeros perjudicados son los municipios . «Teníamos a 30 personas en la obra y proveedores de Villanueva del Rosario y de los pueblos de alrededor de la cantera a los que hemos parado», indica.